La actitud de algunos miembros del Partido Popular y del Consejo General del Poder Judicial en lo que hace a la renovación del órgano de gobierno de los jueces y de miembros del Tribunal Constitucional, tras casi cuatro años de intolerable bloqueo en el primero de los casos y casi dos meses en el segundo, ha traspasado cualquier mínima línea de vergüenza y decencia dentro de un país que se autoproclama como democracia avanzada y consolidada.
Casi nadie duda de que mantener cierto grado de discreción en cualquier negociación es aconsejable en orden a evitar filtraciones interesadas en romper aquello que se intenta ahormar, al igual que lo es, también, el ser prudente en todos los ordenes de la vida. Estas premisas no están en cuestión. Lo que sí es discutible, en el caso concreto de las negociaciones para la renovación de los miembros del Consejo General de Poder Judicial o para la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, es si merecen el trato que les hemos dado hasta ahora a los que han incumplido de forma reiterada y reincidente la Constitución y las leyes, pilares básicos de nuestra democracia, porque pudiera confundirse nuestra predicada discreción con la opacidad y la observancia de prudencia con la cobardía.
Me explico. No es de recibo más tibieza con esta cuestión porque no es menor, sino nuclear, y porque atenta contra la democracia misma, contra la Constitución y contra las leyes. No se les puede ni debe permitir ni un momento más, ni como dirigentes de un partido político ni como miembros del Consejo, que sigan riéndose en la cara de todos los españoles y españolas apelando a un consenso que ni desean ni persiguen, bajo el amparo de una pléyade de excusas, glosadas ampliamente en múltiples artículos, perfectamente conocidas por los lectores y que no voy a repetir pero que, claramente, demuestran su falta de vergüenza y decencia.
Falta de vergüenza porque han utilizado de manera torticera, como arma para el bloqueo de la renovación, una falsa previa necesidad de abordar la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo a sabiendas de que el actual sistema es plenamente constitucional. Lo es hasta el punto de que, habiendo gobernado hasta el año 2018 y en algunos de ellos con mayoría absoluta, mantuvieron incólume el modelo vigente, apuntalándolo, inclusive, de forma tal que, en la ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de Reforma del Consejo General del Poder Judicial —conocida popularmente como Ley Gallardón— en el apartado V, in fine, de su preámbulo, como justificación del cambio del sistema de mayorías para la adopción de las decisiones del Consejo, aluden a superar uno de los mayores problemas: “el bloqueo en la toma de decisiones”. Le suena de algo, ¿verdad?
Falta de vergüenza porque se han paseado por Europa desprestigiando a nuestro país, comparando nuestra situación con la que vive el poder judicial en Polonia, y porque, de forma recurrente, se han amparado en meras recomendaciones del Greco o de la Comisión de Venecia, elevándolas a la categoría de condiciones de obligado cumplimiento so pena de expulsión de la Unión Europea. Al mismo tiempo, han ocultado intencionadamente que el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano jurisdiccional, ni puede confundirse con el poder judicial y tampoco es el órgano de representación de los jueces, como se cuidó de precisar nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia 45/86, de 17 de abril, y obviando, de paso, los heterogéneos sistemas de elección de órganos similares al Consejo español existentes en Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica o Italia.
Falta de vergüenza porque no han dejado de proclamarse campeones del constitucionalismo español, mientras patean de forma grosera durante años nuestra Carta Magna y las leyes que les interesa, arbitrando toda clase de artimañas, trampas y mentiras para incumplirlas y, para más inri, vanagloriándose de ello bajo el lema de que su postura es moderna, pedagógica y europeísta, según manifestación del ínclito Javier Maroto. Por no importarles, ni les ha importado dejar en la estacada al que fuera durante estos últimos años su referente en la judicatura española, el expresidente del Consejo, Sr. Lesmes, hombre que requería del Congreso y del Senado que cumpliéramos con nuestra obligación en la elección de los nuevos miembros del Consejo, aunque lo hiciera de forma tramposa, pues sabía, mejor que nadie, que el Partido Popular no estaría por labor de producir la renovación.
Falta de vergüenza porque, de un lado, apelan de forma sobrevenida a la independencia judicial y, de otro, sin embargo, no dudan en tildar de conversos a aquellos jueces o magistrados que, habiendo sido propuestos por la dirigencia de su partido para su designación como miembros del Consejo, osan después contravenir sus instrucciones. Esta circunstancia se pudo comprobar en el Senado al debatirse la interpelación que el senador Martínez-Maíllo dirigió al ministro del Interior, Grande Marlaska, sobre prioridades de su Ministerio. Maíllo dixit,: “Porque yo era coordinador igual que usted era miembro del Consejo del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, exactamente igual (aplausos). Mire, yo creo que usted predica la fe del converso”. Interpelación clara y aplaudida por sus compañero/as… En fin, ahora sabemos que los miembros del Consejo del Poder Judicial designados o nombrados a propuesta del Partido Popular son equiparables a los coordinadores de ese partido.
Pues bien, si grave es lo anterior, es decir, la concepción absolutista que tiene la dirigencia del Partido Popular del órgano de gobierno de los jueces —aquí cuadra lo de “por delante” y “por detrás”—, más grave aún es, si cabe, el que los miembros de ese órgano nombrados a propuesta del Partido Popular sufran el “síndrome del esclavo feliz” y cumplan, sin rechistar, todas aquellas órdenes que emanan desde Génova, su amo, porque esa es la fuente de su falta de decencia.
Falta de decencia cuando pierden la independencia y se atreven a invocar un inexistente derecho a ser oídos preceptivamente en el trámite de una iniciativa legislativa que, por su origen, no lleva aparejado tal ítem, y que nunca antes en iguales supuestos habían invocado… Será porque el partido político ahora instante no es su amo.
Se carece de decencia cuando los nombrados propuestos por el Partido Popular se unen en comandita para desafiar el cumplimiento de una ley aprobada por el legislativo en un estado democrático y de derecho, y publicitan, para mayor escarnio a la democracia, que se van de comida para trazar la hoja de ruta para consumar la insumisión. O cuando ponen de excusa la ocupación de sus agendas o la falta de tiempo para reunirse… cualquier cosa para bloquear e impedir los nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
Se carece de decencia cuando se imputa a una compañera del Consejo, por su firma en la solicitud de un indulto, una falta a la debida neutralidad y prudencia de la que debe de hacer gala el Consejo, siendo quienes lo hacen los autores de los hechos aquí narrados, propios de los más acérrimos hooligans de un partido político.
Pero, lo más aberrante y lacerante de las actitudes de aquellos que carecen de vergüenza y decencia, es el daño que están haciendo en la opinión pública, que no distingue entre el Consejo y los más de cinco mil miembros de la judicatura española quienes, en un 99 por ciento, se consideran independientes y que, día a día, cumplen de forma abnegada y encomiable su tarea en nuestro país. Y ello, superando deficiencias estructurales de un sistema judicial que reclama, como agua de mayo, un gran pacto inclusivo y transversal por la justicia en España para cumplir así con la obligación de prestar este esencial servicio público con total garantía de calidad, eficacia y eficiencia.
Visto lo que acontece desde hace ya demasiado tiempo y sin atisbo de que, aquellos que de forma deliberada incumplen la Constitución y las leyes, hayan mostrado el menor síntoma de enmendar sus comportamientos, se impone, con urgencia, acabar con esta anomalía democrática prosiguiendo con los tramites legales en el Congreso y en el Senado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de los miembros del Tribunal Constitucional que nos corresponde elegir —solo en el Senado, en este último caso—. Obtenido su resultado, caso de bloqueo, habría que explicar mejor en Europa quiénes son los autores del mismo y, a la vez, proceder a las modificaciones legales que sean pertinentes, incluidas aquellas que contemplen el cambio de las mayorías necesarias para la designación de los componentes del Consejo y del Tribunal Constitucional, devolviendo la normalidad a dichos órganos.
Lo contrario sería hacerles el juego por omisión a los que carecen de vergüenza y decencia democrática, porque el fortalecimiento de las instituciones se logra con el cumplimiento de la ley, aunque esa ley no te guste ahora.
Manuel Fajardo, Senador por Lanzarote y La Graciosa