En los albores de la democracia surgió una peculiar forma de acceder al empleo público en las corporaciones locales e insulares sin necesidad de recurrir a los principios de igualdad, méritos y concurrencia, anteriormente denominados recomendados o “enchufados”. Los partidos en el poder, te proponían un empleo en una institución local o insular con otros compromisos añadidos: aparecer en lista en institución diferente y formar parte de cualquier órgano. Larga lista de políticos de curioso recorrido son producto de este invento.
Este peculiar método funcionó y sucesivas “camadas”, según partidos tocando gobierno, fueron copando recargadas plantillas de la capital y posteriormente colmatar municipios del interior, la mayoría de las veces personal de escasa preparación y sin la cualificación requerida. Todo ello salvando las honrosas excepciones de la regla y sin caer en la vanidad de los tópicos de generalizar (con perdón hacia ellos). Los sindicatos, por entonces y ahora, ocupados en otros menesteres ligados al suculento mundo de la formación y a la firma de convenios en periodos electorales, cooperan con la formula.
Con las administraciones locales e insulares saturadas, el acceso se restringe, pero el ingenio político, ayudado por el Estatuto Básico del Empleado Público, permite incorporar personal por “descuidos o por despiste” de la Administración, son aquellos que acceden por la vía de denuncia por incumplimiento de contrato de la administración o por ejercer puestos de rango superior al señalado en contrato, estos descuidos consentidos de la “entretenida Administración”, vuelve a abrir válvulas de escape al empleo público con otras nominaciones y con curiosos y caros sistemas de ascenso profesional. ¿Alguien puede cuantificar el coste de dinero público dilapidado por este vericueto?. ¿Puede algún grupo político cuantificarlo o saber cuántos están activados en este momento?.
Capítulo aparte merecen las sociedades y otros entes sostenidos con fondos públicos para fines sociales que buscan el bien común de la colectividad, pero que en la práctica se utiliza para efectuar “nombramientos de reintegros políticos” con altos y blindados sueldos con acceso fácil a la “fábrica” de máster, grados y otros títulos adquiridos a lo “Casado” y que a la postre se van bien servidos con una buena indemnización y un brillante curriculum prefabricado. Todos estos indicadores, más los altos niveles de mediocridad política, el afán de tocar poder solo para facturar, degradan la muy noble función de servir y, a veces, los partidos políticos se asemejan más a las grandes casas de apuestas y sus líderes se asoman a los medios para dar proclamas de amenazas o generar angustias, como ocurre en la actual situación de pandemia.
Ahora, cuarenta años después, y con la aprobación en el 2012 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria por exigencia de la Unión Europea las cosas apenas han cambiado, igual han empeorado debido a la precariedad laboral, la crudeza de la legislación laboral y a las sombras y nubarrones que dificultan la transparencia en las administraciones a pesar de la ley ex profeso 19/2013. La mayoría de las corporaciones insulares no disponen de una relación de puestos de trabajo (RPT). Los políticos, siguen empeñando en sustraer la gestión pública, alejarla de los cuerpos de intervención y de fiscalización y depositarla en otros entes privados, creando empresas satélites, entramados societarios manejadas por expertos lobbys (fontaneros políticos) capaces de articular lo señalado al inicio del artículo, o sea, hacer girar la puerta de tres hojas sobre el quicio de la fidelidad: el puestito, el cargo público y el orgánico.
Juan Cruz Sepúlveda
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