Las sospechas sobre José Francisco Reyes eran vox populi desde hace tiempo, porque cuesta creer que alguien entregue decenas de licencias ilegales por el puro placer de contravenir la ley y el ordenamiento urbanístico vigente. Y desde ...
Las sospechas sobre José Francisco Reyes eran vox populi desde hace tiempo, porque cuesta creer que alguien entregue decenas de licencias ilegales por el puro placer de contravenir la ley y el ordenamiento urbanístico vigente. Y desde hace tres años, la Justicia también empezó a tomar cartas en el asunto, iniciando una investigación en la que la Fiscalía pasó a asumir la acusación. Pero es ahora cuando se empiezan a ver realmente los frutos.
La unidad policial contra el crimen organizado, que hace dos años recibió luz verde de la jueza para rastrear el patrimonio de José Francisco Reyes y de su entorno, ha encontrado pruebas que demostrarían que la familia del ex alcalde de Yaiza habría reunido unas sumas de dinero difíciles de justificar. Es decir, que o se hizo rico cuidando cabras, u obtuvo ese dinero durante su posterior y larga etapa como alcalde de Yaiza, en la que concedió casi una treintena de licencias ilegales.
Hasta ahora, Reyes había negado hasta ser propietario de un yate, pese a que éste fue comprado por una empresa que tiene su sede social en su propia casa. Sin embargo, la investigación de la Udyco refleja no sólo esa embarcación, sino muchas otras empresas y propiedades registradas fundamentalmente a nombre de sus hijos, que habrían sido arrastrados, al igual que su mujer, en este proceso judicial.
Han hecho falta tres años de investigación hasta llegar a este punto, y habrá que seguir esperando para que la causa llegue a juicio. Pero al margen de la consabida presunción de inocencia, es un hecho innegable que por primera vez hay indicios suficientes sobre la mesa, como para ordenar la detención de José Francisco Reyes y de toda su familia, y registros en sus domicilios.
Y al igual que sucede en la Operación Unión, no es lo mismo una imputación por una denuncia que sigue su curso, que una derivada de una investigación policial que incluye escuchas telefónicas y, en el caso de Reyes, también un rastreo de su patrimonio. Porque en este caso, también hay que dar presunción de veracidad a las pruebas encontradas y a la labor desarrollada por los agentes, por la jueza y por el fiscal, que vienen años trabajando en esta causa, y que hasta ahora no habían adoptado una medida de tal calibre, que incluye hasta la detención en Barcelona de una de las hijas de Reyes.
Con esta operación, se ataca directamente al corazón de uno de los presuntos ejes de corrupción con los que ha convivido la isla durante años. No hablamos de recién llegados a la política como Ubaldo Becerra o José Miguel Rodríguez, que si se demuestran las acusaciones que pesan contra ellos en la Operación "Unión", habrían aprendido muy pronto a adaptarse a las cloacas de la política. En este caso, hablamos del hombre que ha hecho y deshecho a su antojo durante años en el sur de la isla, inundando de cemento Playa Blanca y otorgando licencias ilegales a empresarios que no podrían haber construido sin su colaboración. Y ahora, por fin, se llega al fondo del asunto: a si todo eso lo hizo a cambio de nada.
Pero a la espera de juicio, y con todos estos elementos en la mano, habrá que ver cómo reaccionan las distintas fuerzas políticas, empezando por el PNL. Si sigue, al igual que el PIL, con la estrategia de defender a los suyos y cargar incluso contra los medios de comunicación por hacer su trabajo, revelando lo que otros quieren que permanezca oculto, o si se atreve a adoptar alguna medida cautelar contra Reyes, que concedió licencias hasta a su compañero de partido Pedro de Armas.
Pero sobre todo, habrá que ver qué hace el resto de los partidos. Habrá que ver qué hacen los políticos que tienen las manos limpias, ante la posibilidad de sentarse a gobernar bajo la sombra de la corrupción. Las cartas ya están sobre la mesa y, de momento, muchos han empezado a elegir de qué lado del tablero quieren situarse