No hace mucho, en esta misma legislatura se vendió a bombo y platillo, con el tan manido eslogan electoralista de que “no vamos a dejar a nadie atrás”, que se iban a solucionar los problemas del elevado coste de la energía que venía padeciendo gran parte de nuestra sociedad y que afectaba con más crudeza a los más vulnerables.
La pobreza energética entraba de lleno en la agenda política y eso es algo que aplaudimos. Para nuestro partido siempre ha sido y es una prioridad aunque, es cierto, que no lo hemos explicitado tan bien como otros.
Pero la realidad a día de hoy es mucho peor que antes y nada halagüeña. Simplemente hay que tirar de estadística y ver los datos. Si antes la factura era desorbitada y excluyente, ahora lo es 4 veces más, poniendo en riesgo incluso la viabilidad económica del sector productivo que, en algunos casos, le resulta más ventajoso parar antes que tener actividad a estos precios.
Dejando de lado el excesivamente complejo sistema del bono social, que en su espíritu es positivo pero en la práctica resulta ser excesivamente complejo y generador de desincentivos en una parte de la sociedad en lo que se ha venido en denominar las trampas de la pobreza, lo único que se hace por parte del Gobierno del Estado es buscar medidas cosméticas con implicaciones inciertas como la que pretenden llevar a cabo con las eléctricas que únicamente pueden llevar a agrandar más los problemas. Hasta su propio socio de gobierno, el PNV, no le ha quedado más remedio de advertir del sinsentido de sus socios.
A nadie se le escapa que España tiene uno de sus grandes hándicaps en la dependencia energética de terceros países y que durante todo el Gobierno de Sánchez no se ha tomado ninguna medida al respecto.
Lo único que se ve es que busca ganar tiempo buscando culpables y exprimiendo al máximo medidas populistas que no hacen más que perjudicar al interés general que tanto alega defender.
Lo triste de todo esto es que, en cierta manera, esto es la tónica habitual. Con el problema de la vivienda hace lo mismo y con la despoblación igual. Al final lo único que se busca es ganar tiempo, ganar impacto mediático y confrontar. En esto sí que es un maestro.
Desde el Partido Popular somos conscientes de que la obligación de los poderes públicos, sin desincentivar la actividad privada sino todo lo contrario, consiste en regular, mejorar o corregir los fallos del mercado, de cara a la correcta disposición de los bienes y la defensa del interés general.
Para ello, evidentemente deben tomarse medidas. En primer lugar debemos cerrar la brecha de dependencia energética exterior asumiendo que debemos tender a la autosuficiencia energética. Pero de forma inminente, para no perder competitividad y perder más empleos, hay que reducir los impuestos a la electricidad. Solamente así podremos bajar los costes a corto plazo.
Simplemente decir que aunque nuestra propuesta pueda ser criticada por minorar los tan necesarios ingresos públicos, lo cierto es que el beneficio del descenso de los costes de la energía para las cuentas generales, en relación al incentivo de actividad y protección del empleo, son claramente superiores a la recaudación de más que se pueda obtener. Y más si cabe ante un gobierno que no acierta en dónde invertir adecuadamente los fondos públicos para hacer efecto palanca y se queda en meras medidas de subvención directa pero con nulo efecto multiplicador.
Jacobo Medina
Vicepresidente del Cabildo de Lanzarote y secretario insular del PP