Los Centros de Profesores (CEP) nacieron con el fin de formar al colectivo docente a base de seminarios, cursos o jornadas. Siempre fueron una herramienta muy útil y de bastante aceptación en ciudades y zonas rurales.
A lo largo de los años, sin embargo, los CEP han ido experimentando un proceso de envilecimiento o perversión en la medida en que la política se ha adueñado de ellos, de tal manera que los directores y asesores cambian según el partido político al que pertenezca el consejero de Educación del gobierno regional de turno.
Algunas veces hay convocatorias, medio a escondidas, de plazas de asesores que se caracterizan por su ambigüedad y oscurantismo. No se les da la publicidad que se requiere en un proceso para cubrir vacantes de un organismo público. Las convocatorias deberían publicarse en el boletín oficial de la comunidad autónoma de que se trate. Además, los criterios de calificación de los proyectos suelen quedar en el aire con la intención de que entren los afines al partido político que esté al frente de la Consejería de Educación. Todo esto va en contra de la seguridad jurídica de muchos de los aspirantes a estas plazas, que desean acceder para prestar sus servicios, pero reciben un portazo en las narices por no ser partícipes de lo que se cuece allí.
Los CEP deberían ser unos centros de formación caracterizados por la profesionalidad y la neutralidad. Como parte de la Administración pública que son, los aspirantes a ocupar plazas en dichos centros habrían de hacerlo bajo el amparo de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y no por tener carnet político o ser afín al partido que esté al frente de la consejería. Esto también se suele dar en las oficinas de Educación, repletas de coordinadores y asesores de afinidad política.
Mientras no se profesionalicen y despoliticen los CEP, estos podrán considerarse 'nidos' de enchufados, algo muy distinto de lo que deben ser las Administraciones públicas.
Jesús Manuel Díaz Lorente. Delegado del CSIF