"El Gobierno podrá asumir la competencias de los cabildos con el nuevo Estatuto". Este es el titular de prensa que la agencia Efe ofrecía a todos sus abonados este jueves. La primera reacción de cualquiera que defienda el ...
"El Gobierno podrá asumir la competencias de los cabildos con el nuevo Estatuto". Este es el titular de prensa que la agencia Efe ofrecía a todos sus abonados este jueves. La primera reacción de cualquiera que defienda el concepto isla es llevarse las manos a la cabeza cuando lee algo así. Para conocer un poco más, hay que seguir el contenido de la noticia. El Gobierno de Canarias podrá subrogarse en el ejercicio de las competencias o en la gestión de los servicios de un cabildo "en el caso de que esa corporación insular incumpliera sus obligaciones con grave daño o perjuicio de los intereses generales", una matización que está bien conocer.
Al parecer, siempre según la agencia, así se propone en el borrador de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado hasta el momento en la ponencia del Parlamento regional, texto en el que se define a los cabildos insulares como "órganos de representación, gobierno y administración de cada isla y, simultáneamente, instituciones de la Comunidad Autónoma". Entre las novedades con respecto a los cabildos, el borrador de la reforma del Estatuto canario establece la posibilidad de la subrogación a favor del Gobierno regional del ejercicio de las competencias o de gestión de los servicios de una corporación insular en caso de grave daño o perjuicio para los intereses generales. En ese caso de incumplimiento de sus obligaciones, y previo requerimiento al presidente del Cabildo, el Gobierno de Canarias podrá adoptar las medidas que estime oportunas para su cumplimiento, entre ellas la posibilidad de asumir la gestión de sus competencias y servicios.
¿A qué suena todo esto? Pues ni más ni menos que a lo de siempre, al deseo de control de las islas no capitalinas por parte de las capitalinas, al uso de ese invento tan poco práctico y sensato como es la división provincial. No parece razonable que en un nuevo Estatuto de Autonomía, en el que muchos parecen empeñados que se aumente la distancia entre los ciudadanos que viven en Gran Canaria y Tenerife de los que viven en Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera, La Palma y La Graciosa, se introduzca una normativa tan poco seria como aquella que permitiría a los representantes de un Ejecutivo regional interferir en la política que se realiza en un Ejecutivo insular. No parece razonable además que se juegue a la ambigüedad y se diga que esta injerencia política se produzca cuando se considere que la corporación insular puede estar incumpliendo "sus obligaciones con grave daño o perjuicio de los intereses generales". ¿Quién determinaría algo así, los políticos de una formación determinada que gobernara en ese momento? Peligroso, muy peligroso.
La cuestión, además, se podría plantear al revés: ¿qué sucedería si los cabildos y los ayuntamientos representados a través de la Fecai y la Fecam determinan que el Gobierno autonómico está incumpliendo sus obligaciones con grave daño o perjuicio de los intereses generales, se permitiría entonces que fueran ellos los que ejercieran el control de la Comunidad?
Si la cuestión es tal y como la ha planteado la agencia de noticias estatal, no estaría de más que nuestros sesudos padres de la patria le vuelvan a dar una vuelta al texto de la reforma, porque no se puede aprobar con una cojera como esta.