La agenda legislativa del Gobierno de coalición en nuestro país sigue su curso, a pesar de que las derechas intentan que pase desapercibida a base de ruidos, gritos y todo tipo de exabruptos. Hace dos semanas, la Mesa del Congreso de los Diputados acordó la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia. Asumimos así los tratados internacionales ratificados por España en la protección integral de las personas menores de edad, y atendemos al derecho de los niños, niñas y adolescentes de no ser objeto de ninguna forma de violencia.
La protección de las personas menores de edad y la lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de la Convención de los Derechos del Niño y de la Constitución Española y, a la vez, un aspecto central a la hora de garantizar el sano desarrollo de nuestra sociedad. Por eso, hace años que las y los progresistas somos plenamente conscientes de la necesidad de la aprobación de una ley integral sobre la violencia contra los niños y niñas, una ley que, por otro lado, debe resultar análoga en su alcance normativo a la aprobada en el marco de la violencia de género, nada menos.
La violencia y los malos tratos sufridos por los niños, niñas y adolescentes pueden causarles lesiones que pueden provocar discapacidad, problemas de salud física, dificultades de aprendizaje incluidos problemas de rendimiento en la escuela y en el trabajo, consecuencias psicológicas y emocionales, problemas de salud mental, y comportamientos perjudiciales para la salud. Por eso, nos proponemos asegurar y promover el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia.
Por desgracia, la violencia sobre personas menores de edad es una realidad abominable y extendida. En numerosas ocasiones puede pasar desapercibida por la intimidad de los ámbitos en los que tiene lugar, como son las esferas familiar y escolar, entornos en los que suceden la mayor parte de los incidentes cuando debieran ser marcos de seguridad y desarrollo personal para niños, niñas y adolescentes. Es por eso que debemos fomentar todas las medidas necesarias para protegerlos frente a cualquier forma de violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido o negligencia, malos tratos o explotación.
Además, es frecuente que en estos escenarios de violencia confluyan muchas variables, lo que obliga a que cualquier aproximación legislativa sobre la cuestión requiera un amplio enfoque multidisciplinar. De ahí que esta ley se proponga combatir la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una aproximación integral y desde una perspectiva didáctica, dando prioridad a la prevención, la socialización y la educación, tanto entre las personas menores de edad como entre las familias y la propia sociedad civil. Vamos a protegerlos, detectar precozmente los episodios de violencia, asistirlos, reintegrar los derechos vulnerados y recuperar a las víctimas.
Fco. Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.