Los socialistas en el Ayuntamiento de Arrecife cometimos un error. Subsanable, pero un error. Como rectificar es de sabios, ya aclaramos este aspecto en una anterior entrega titulada "Más de lo mismo", publicada la pasada ...
Los socialistas en el Ayuntamiento de Arrecife cometimos un error. Subsanable, pero un error. Como rectificar es de sabios, ya aclaramos este aspecto en una anterior entrega titulada "Más de lo mismo", publicada la pasada semana. Como es sabido, el Partido Socialista Canario-PSOE se opone a la Ley de Medidas Urgentes que el Gobierno de Canarias tramita en el Parlamento autónomo. Mientras el PSC-PSOE rechaza este proyecto de Ley, CC busca apoyos desesperadamente. Así, en los Ayuntamientos, CC busca la apariencia de que la Ley de Medidas Urgentes goza de consenso, un consenso que es incapaz de ofrecer y de alcanzar en el lugar adecuado, que es la Cámara legislativa canaria.
Los socialistas en el Ayuntamiento de Arrecife ya nos retractamos por la confusión que hayamos podido generar al aprobar aquella moción, y nos resituamos junto a las tesis de nuestro partido en Canarias, que no son otras que las de oponernos a la Ley de Medidas Urgentes.
El Grupo Parlamentario Socialista Canario presentó, en noviembre pasado, una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo. Lo hizo, al considerar que tergiversa la realidad, arremete contra la autonomía de las Corporaciones Locales, pretende cargarse la moratoria turística y cuenta con el rechazo de los principales agentes económicos y sociales de las Islas.
La Ley de medidas Urgentes no reconoce ni resuelve los principales problemas que están dificultando el proceso de adaptación del planeamiento territorial y urbanístico al texto refundido de las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, a la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias y a las restantes y profundas innovaciones de la legislación sectorial. Entre éstas últimas, se encuentran la evaluación ambiental estratégica, el patrimonio natural y biodiversidad, el desarrollo sostenible del medio rural.
Para los socialistas, el Gobierno autónomo pretende aprovechar algunas demandas legítimas de determinados sectores económicos y sociales como coartada. Entre estas demandas están la racionalización en los trámites administrativos en el planeamiento, la regulación de los proyectos de calificación territorial o la legalización de las explotaciones ganaderas que, actualmente, se encuentran en situación alegal. Esta coartada, sin embargo, permite al Gobierno canario enmascarar objetivos poco confesables, como privar de sentido o vaciar de contenido determinados preceptos de la legislación estatal y autonómica, relativos a la conservación de los recursos naturales y al desarrollo sostenible del medio rural, o incidir sobre pronunciamientos judiciales firmes y, sobre todo, para eliminar la moratoria turística.
Creemos que en estas difíciles circunstancias económicas, hay que diversificar la economía, crear empleo y conservar el territorio, pero no de la manera que pretende el Gobierno canario, y que cuenta con el rechazo del Consejo Económico y Social de Canarias, del anterior director general de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, de expertos en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, de la Fundación Cesar Manrique y de diversas organizaciones empresariales muy representativas del sector agropecuario, ganadero y turístico.