Defender la legalidad y la decencia en un lugar azotado por la corrupción no es fácil ni sale gratis. Las expectativas de negocio vinculadas al urbanismo han devenido en la normalización de unos comportamientos mafiosos por parte de especuladores y cómplices políticos que en Lanzarote, gracias a la mayor conciencia social sobre la protección del territorio y a su reducido tamaño, son claramente visibles e identificables. Dicho de otra manera, Lanzarote reúne las condiciones perfectas para estudiar el fenómeno de la corrupción, como lo demuestra el hecho de que sea un caso de estudio en varias universidades de nuestro país.
Vivimos en un lugar tan pequeño que es relativamente sencillo saber lo que hace el de al lado. Lo que hacen los empresarios, lo que hacen los políticos, lo que hacen los técnicos, lo que hacen los funcionarios, lo que hacen los jueces, lo que hacen los fiscales, lo que hacen los abogados, lo que hacen los medios de comunicación y lo que hace la sociedad civil organizada. Quien está dentro de cualquiera de esos círculos sabe bien lo que ocurre y conoce perfectamente la naturaleza del problema al que nos enfrentamos: el deseo enfermizo de una minoría muy poderosa por mantener sus privilegios y seguir amasando su fortuna.
Pero Lanzarote es especial. En esta isla se visibiliza como en pocas la existencia de esa guerra que enfrenta a quienes piensan que su dinero lo puede todo, incluido el derecho de pernada sobre el territorio, y quienes han intentado de alguna manera combatir la corrupción inherente al negocio urbanístico. Es, en definitiva, la misma guerra que se libra en todo el planeta entre el capitalismo salvaje (¿acaso hay otro?) y los intereses de la mayoría de la gente.
En los últimos años, sin embargo, los señores del dinero y sus agentes comerciales políticos han intensificado sus esfuerzos por aniquilar mediáticamente a sus adversarios. Es comprensible. Desde su lógica empresarial debe ser difícil asimilar que a pesar de todo su poder no pueden controlar a todo el mundo. No pueden controlar a todos los técnicos, no pueden controlar a todos los periodistas, no pueden controlar a todos los fiscales, no pueden controlar a todos los políticos y no pueden controlar a toda la sociedad civil organizada. Por mucho que lo intenten, y lo intentan mucho, no pueden, y por eso siguen subiendo el volumen de la descalificación pública de quienes no se pliegan a sus intereses. La mafia en Lanzarote no usa pistolas, pero dispara mentiras a través de sus medios de comunicación con la misma finalidad de las balas: aniquilar a quien ponga en riesgo su negocio.
A Manrique costó nombrarlo Hijo Predilecto y fue insultado sin pudor por Dimas Martín, lo mismo que el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, insultó a José Saramago cuando el Nobel de Literatura dijo que no iría más a Playa Blanca tras ver los desmanes urbanísticos perpetrados en el sur. El juez César Romero Pamparacuatro y el fiscal Ignacio Stampa han sido y siguen siendo atacados de manera miserable por perseguir a los mismos delincuentes que financian su cacería mediática. Esteban Armas y Leopoldo Díaz fueron apartados de sus puestos en la oficina del Plan Insular porque su labor rigurosa era un obstáculo para un empresario local adicto a construir hoteles y bodegas sin licencia, y la lista completa de víctimas y daños colaterales de la guerra del territorio sería interminable. El último objetivo en la mirilla de los francotiradores de la camorra local es el abogado Agustín Domingo Acosta, acusado de cobrar por sus catorce años de servicios al Cabildo 900.000 euros. Estos son sus delitos.
En 2006 defendió y ganó para el Cabildo de Lanzarote el reintegro de los gastos de gestión y la compensación del Arbitrio sobre la Producción y la Importación en Canarias (APIC). Solo este caso supuso unos ingresos para el Cabildo de Lanzarote de más de cinco veces todo el gasto en los servicios contratados durante los catorce años al letrado. Además, las referidas sentencias hicieron que el Gobierno de Canarias se viese obligado a pagar al conjunto de los Cabildos más de 45 millones de euros.
Fue el abogado del Cabildo en los pleitos interpuestos por el Cabildo contra la concesión de licencias de uso turístico. Se ganaron todos los recursos, tanto en primera instancia como en apelación y casación, con más de 50 sentencias favorables al Cabildo, que anularon licencias ilegalmente concedidas y que autorizaron decenas de miles de camas turísticas y el desarrollo de urbanizaciones y planes parciales vulnerando la legalidad.
Las acciones judiciales emprendidas por el Cabildo no sólo permitieron anular más de 12.000 camas turísticas, sino que consiguieron la anulación de las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Yaiza en 2006 y 2007 para construir un macroproyecto de 4.397 plazas en 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.590 plazas de garaje en una pieza de suelo, Costa Roja, situada al norte de Playa Blanca, que ni siquiera contaba con plan parcial.
Gracias a todas esas sentencias favorables se declaró la supremacía del PIOT frente a los antiguos planes parciales o generales municipales, se advirtió que no se pueden conceder licencias en contra del modelo insular de desarrollo sostenible, se anularon las prórrogas de viejas licencias y se obligó a los ayuntamientos a cumplir el planeamiento insular que todos nos habíamos dado y a solicitar informe al Cabildo antes de autorizar obras en suelos no adaptados al PIOT.
Pero no queda ahí, que ya sería importante, la labor de Agustín Domingo Acosta como jurista del Cabildo. También defendió a la Corporación en múltiples procedimientos penales y dirigió la defensa de la entidad en diez procedimientos judiciales sobre responsabilidad patrimonial en los que se reclamaban al Cabildo más de 3,7 millones de euros en indemnizaciones por diversas reclamaciones, los cuales concluyeron con resultado favorable a la Corporación. Además, ejerció la defensa en una veintena de procedimientos judiciales en materia de patrimonio histórico, diecinueve de los cuales concluyeron con resultado favorable al Cabildo de Lanzarote. También defendió a la entidad en otra treintena de asuntos en materia de régimen local, ordenación turística o medio ambiente, así como en múltiples recursos sobre función pública, sanciones y autorizaciones en materia de transportes terrestres, la inmensa mayoría de los cuales concluyó con resultados favorables para el Cabildo. En definitiva, estamos probablemente ante el mejor defensor que ha tenido el Cabildo en los tribunales en toda su historia, en ámbitos complejísimos y diversos.
En un país normal, en una isla normal, un profesional con este expediente sería tratado con el máximo respeto y el agradecimiento que merece una labor impagable desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental y económica de la isla. Quizá por ello, quienes están más preocupados por hacer los deberes frente a los caciques locales que en reconocer el trabajo de sus mejores profesionales, pretenden incluir a Acosta en sus obscenas teorías de la conspiración. La presentación de datos acumulados sobre el pago de unos servicios jurídicos de catorce años, como hace Pedro San Ginés, ocultando su entidad y su resultado constituye una deformación de la realidad solamente entendible desde la obsesión del presidente del Cabildo por acallar voces críticas y perseguir a quienes no satisfacen el hambre del urbanismo caníbal. Basten solo dos datos para revelar lo mezquino del uso de las cifras. Uno: dividiendo el total de lo cobrado por este letrado en los catorce años de servicio, nos saldría el equivalente anual de lo que cobra un director insular de Ordenación Territorial o un consejero delegado de los Centros Turísticos, alrededor de 60.000 euros anuales. Y dos: Solo en el año 2005 el Cabildo se gastó 1 millón de euros en publicidad y propaganda local, más del doble de todo el coste de los pleitos urbanísticos en una década. De hecho, ese mismo año, el Cabildo pagó al grupo Lancelot unos 400.000 euros en servicios publicitarios diversos (más que todo el importe de todos los pleitos urbanísticos). ¿A cuánto asciende esa cantidad entre 1997 y 2015, el mismo periodo que se utiliza para sumar los honorarios de Agustín Domingo? ¿Millonarios a costa del Cabildo? ¿Por qué se dedica el presidente del Cabildo a disparar a quienes los especuladores han puesto en su punto de mira?
Carlos Meca, Consejero de Podemos en el Cabildo de Lanzarote