Pese a las torpes y desinformadas reticencias de Coalición Canaria, que se ha apresurado a mostrar su rechazo, con el endeble argumento de la falta de transparencia en su elaboración, la nueva Ley de Pesca Sostenible e Investigación pesquera ha llegado a las Cortes para su tramitación parlamentaria, después de varios procesos de exposición pública y con las aportaciones de especialistas y profesionales del sector. Un esfuerzo de consenso que no solo se ha mantenido durante su redacción sino que se extenderá, una vez aprobada, con la constitución de un Foro Asesor de Pesca en el que participarán las autoridades pesqueras, los agentes representativos del sector y de la sociedad civil, y que servirá como órgano de consulta y seguimiento de los procesos, para fomentar una política participativa.
Han hecho falta 20 años para que por fin, aquella Ley de Pesca Marítima del Estado de 2001 se vea renovada y adaptada a la nueva realidad medioambiental, legal y económica, incorporando criterios de modernidad, de sostenibilidad y de rigor a la normativa vigente, en estricta consonancia con el nuevo marco de gobernanza internacional de los océanos. Se trata, en resumidas cuentas, de certificar que la pesca y la acuicultura deben contribuir a la sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo, permitiendo la obtención de beneficios económicos, sociales y de empleo y asegurando la disponibilidad de alimentos de calidad y seguros para la población.
Los tres ejes sobre los que se asienta este proyecto de ley son por tanto la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros; la creación de empleo en el sector, con la consiguiente generación de riqueza y cohesión social de las zonas costeras; y finalmente, el fortalecimiento de los vínculos entre la ciencia y la acción política en esta materia. Digan lo que digan quienes han hecho del frentismo la base de su acción política, el proyecto legislativo incorpora en su articulado aspectos que redundarán en el beneficio de la flota canaria, como del resto de flotas del país. Entre ellos, los mecanismos de optimización de posibilidades de pesca, que permitirán volver a repartir, en el último cuatrimestre del año, las posibilidades de pesca sobrantes a las flotas con mayor dependencia de la especie en cuestión. Así pues, se reasignarán posibilidades de pesca a las flotas especializadas en esas pesquerías, como sucede en las islas con la tuna.
Otra novedad que introduce la ley es que las posibilidades de pesca no utilizadas por un periodo consecutivo de dos años, salvo casos de fuerza mayor, vuelvan al Estado para un nuevo reparto entre buques que sí las utilicen. De esta forma se garantiza la sostenibilidad social y económica del sector a la vez que se impulsa el relevo generacional y se pone freno a los conocidos como “armadores de sofá”, evitando la especulación con un bien público como son los recursos pesqueros y las cuotas de pesca. En cuanto a la regulación de la pesca recreativa, que aparece mencionada en el nuevo marco legal por su indudable impacto en el medio marino, será desarrollada más adelante en una reglamentación específica, por sus características diferenciadas de la actividad extractiva y profesional.
El principio de sostenibilidad es la masa que sostiene la futura Ley de Pesca, desde una triple perspectiva ambiental, social y económica; y su fin, necesario e inexcusable, según el acuerdo internacional, es garantizar el equilibrio entre la conservación del medio marino y el desarrollo de una actividad pesquera que sea rentable, resulte atractiva para el desarrollo empresarial y el relevo generacional, y que consolide un sector moderno y competitivo.
Ariagona González es diputada nacional por la provincia de Las Palmas y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Pesca