A estas alturas los lectores que siguen más al dedillo la actualidad informativa sabrán que el borrador de la futura Ley del Suelo, con la que el Ministerio de Vivienda pretende frenar la especulación inmobiliaria, impone a los ...
A estas alturas los lectores que siguen más al dedillo la actualidad informativa sabrán que el borrador de la futura Ley del Suelo, con la que el Ministerio de Vivienda pretende frenar la especulación inmobiliaria, impone a los propietarios de pisos vacíos el deber de ocuparlos o alquilarlos. Pero el texto va más allá y deja la puerta abierta para que las administraciones competentes puedan expropiar o aplicar el régimen de venta forzosa a los dueños que incumplan ese deber. La noticia, que se conoció en toda su extensión este miércoles, ha creado, como es lógico, todo tipo de reacciones. Tantas o más de las que han provocado las otras grandes ideas de la ministra del ramo, la polémica María Antonia Trujillo.
Algunas de las voces más críticas cuestionan las actuaciones de este departamento gubernamental, al que acusan de aburrirse como una ostra y de matar moscas con el rabo para justificar su existencia, que ya sabemos que tiene su razón de ser en uno de los muchos compromisos asumidos por José Luis Rodríguez Zapatero durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia del Gobierno. Y tienen razón los que así hablan, da la sensación de que el Ministerio de Vivienda está dando palos de ciego en un tema complicado como pocos que no sabe cómo resolver. Primero fueron los minipisos, esos habitáculos de menos de treinta metros cuadrados en los que la ministra pretende que viva la gente. Ahora son las expropiaciones.
Hay que ser justos y reconocer que el problema de la especulación inmobiliaria, esa tremenda burbuja que se creó entre otras cosas por la estruendosa caída y posterior hundimiento de La Bolsa, no es fácil de resolver. Los más pesimistas podrían pensar incluso que es imposible de resolver. Por eso hay que aplaudir que desde el Gobierno se intenten tomar medidas, sean o no sean populares.
Ahora bien, lo que no se puede es dejar caer cuestiones de este tipo sin que vengan aparejadas de un estudio sensato sobre las consecuencias inmediatas de su aplicación. Entre las cosas razonables, el borrador de la Ley del Suelo incluye otras novedades con las que el Gobierno pretende combatir la especulación, como atajar la subida de los precios del mercado inmobiliario y garantizar el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos a través de la cesión de suelo para ayuntamientos, reservas de suelo para viviendas de protección, patrimonio de suelo público, régimen de valoración del suelo y cambios en la clasificación. No obstante, el tema se enfanga hasta el cuello cuando se plantea la cuestión de las expropiaciones de propiedades sin ocupar. Existe jurisprudencia suficiente para darse cuenta en seguida de lo insólito y casi imposible que sería llevar a cabo una medida de este tipo, para la que de momento habría que prever tremendas indemnizaciones. Además, y esta es una cuestión más o menos frívola pero que se pasa por la cabeza de cualquier ciudadano, está claro que la medida se debería aplicar por igual a todos los ciudadanos, y es poco probable que a la duquesa de Alba, a las hermanas Koplowitz o al señor Botín, por poner algunos ejemplos, les quitaran las muchas propiedades en las que seguramente no pasarán ni cinco minutos al año. Por otro lado, ¿qué ocurriría con las casas de veraneo, de fin de semana, se expropiarían temporalmente y se devolverían en la época de descanso?
Está bien que el Ministerio de Vivienda busque soluciones al terrible problema que aqueja a toda la sociedad española, incluyendo por supuesto a la de Lanzarote, pero debería ser a través de mecanismos más sensatos.