Opinión

La Sanidad Pública en la isla de Lanzarote

El acto médico posee un carácter a la vez personal y social. Es personal, en cuanto acontece a dos personas. Es social, en cuanto que la persona del enfermo y la del médico existen en el seno de una sociedad que en muy buena medida condiciona su modo de serlo y de encontrarse. Sin tener en cuenta este doble carácter, no podrá ser rectamente entendida la relación entre el médico y el paciente (*).

Los protagonistas principales del acto médico son: el paciente, ser humano enfermo que vive en sociedad, y el médico de la Sanidad Pública.

En la Isla de Lanzarote, en los tres últimos decenios,  se han producido unos crecimientos demográficos exorbitantes habiéndose duplicado la población de la Isla en un periodo de tiempo de 17 años. Ello ha sucedido como consecuencia del desarrollo descontrolado de la industria turística que ha dado lugar a un saldo migratorio espectacular. Los nuevos habitantes incorporados a la Isla durante éstos años tiene el Derecho Constitucional de la Salud y la Educación de carácter público, sin embargo, la dotación de infraestructuras y de dotación de personal necesarias, tanto sanitarias como educativas, no se han planificado como hubiera sido deseable, dando lugar a deficiencias manifiestas en la asistencia sanitaria de la población y en la educación de niños y jóvenes.

La necesidad del llamado "Desarrollo Sostenible" de las Islas, expresado en multitud de ocasiones por los dirigentes políticos del Gobierno de Canarias, es incuestionable. No solo como política de conservación de nuestros paisajes, como ya denunció  Cesar Manrique, sino porque en éste Desarrollo Sostenible va parejo una sostenibilidad de los recursos sanitarios y educativos necesarios para la población. Habría que conocer la relación de "Nuevas camas turísticas" y el "Número de nuevos habitantes" para obrar en consecuencia, y dar adecuada respuesta a las necesidades sanitarias y educativas. 

El derecho a la Salud es la base de la Sanidad Pública. "El goce del máximo grado de salud que se puede lograr – dice una declaración de la OMS – es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica y social". La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Asamblea General de la ONU, 10 de diciembre de 1948) en su Artículo 25 dice "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". 

La Sanidad Pública, pese a las numerosas críticas, muchas veces justificadas, que de ella se hacen, ha supuesto un formidable progreso en el cuidado médico de la población. Que, con todo, no parece que se haya llegado a abolir por completo la tradicional diferencia entre la "medicina para ricos" y la "medicina para pobres". Póngase juntas, a título de ejemplo, la asistencia médica que consigue el banquero y la que recibe el pescador (*). 

La sostenibilidad de la Sanidad Pública precisa, para su permanencia en el tiempo, de profesionales médicos de alta cualificación con conocimientos tanto en la ciencia de la Medicina como en la Gestión Clínica. Y recursos económicos. Como la guerra según Napoleón, la asistencia médica pública necesita, además de técnica y organización, "dinero, dinero y dinero".

La Gestión Clínica de los Hospitales Públicos de nuestro país es desempeñado, en la mayor parte de los casos, por gestores desvinculados de la asistencia médica del día a día, desconocedores de la relación médico – paciente.

El funcionario administrativo, en fin, debe sustraerse a la tentación de confundir la "gestión" con la "posesión". El fin principal de la organización asistencial es la ayuda médica, y los protagonistas de ésta son el enfermo y el médico. Pocas veces tan perturbadoras de la asistencia médica pública como esa viciosa conversión de los administradores de un servicio público en propietarios de él (*).

La calidad asistencial de la Sanidad Pública de nuestro país deriva en gran parte de la calidad profesional del médico español como consecuencia de la implantación del Sistema MIR (Médico Interno Residente). El Sistema MIR germinó en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid en el año 1964, bajo la dirección del Profesor José María Segovia de Arana, y la tutela de su maestro, Profesor Carlos Jiménez Díaz. La manera de funcionar del Sistema MIR se contagió al resto de los Hospitales de la Seguridad Social. Es un sistema en donde se integran en el mismo centro la investigación, la docencia y la asistencia. El sistema MIR se considera desde entonces como la formación postgraduada del médico en los distintos hospitales españoles del Consejo Nacional de Especialidades del que forman parte a su vez las distintas Comisiones Nacionales de cada especialidad. El Sistema MIR, especialmente desde 1984, es un proceso de sólida estructura, positivamente valorado y homologado en la Unión Europea. 

La calidad asistencial del médico español no ha sido reconocida con justicia por parte de la administración pública. La calidad profesional del médico español es equiparable a la del médico de cualquier país occidental desarrollado. Sin embargo, su calidad, en la Sanidad Pública, no va correspondida con una renumeración económica acorde a las prestaciones desempeñadas. La Sanidad Pública del país debe en gran parte su sostenibilidad a los bajos salarios de los profesionales médicos. Como apunta el Dr. Pedro Laín Entralgo "Sin garantizar al médico un nivel de vida decoroso, ¿podría lícitamente exigirse de él la buena voluntad tan necesaria en la relación médico – paciente?".Y agrega "Si por añadidura es insuficiente su retribución económica, ¿no se sentirá con frecuencia tentado por el adocenamiento y la rutina? Sólo un camino habrá entonces ante él; ése que señala a cada uno la vieja máxima latina hic Rhodus, hic salta.

La asistencia médica del enfermo en la Sanidad Pública ha tenido que ser colectivamente organizada, y en una u otra medida se ha burocratizado. Además de ser "clínico", el médico se ve obligado a ser "funcionario (*).

La organización asistencial actual presenta una deficiencia de los estímulos e incentivos al médico, no solo de orden económico (*).

¿Que recursos quedan al médico actual de la Sanidad Pública con el panorama descrito para desempeñar con buena voluntad la relación médico – paciente?  Solo queda la vocación médica, la responsabilidad como médico, y,…, el gozo de curar.

En la vocación del médico se integran una mayor o menor inclinación del ánimo a la ayuda del enfermo, y una afirmación, si se quiere deportiva, a vencer científica y técnicamente las dificultades y los problemas que presenta la naturaleza. Sólo aquél en quien se junten estas dos instancias vocacionales podrá ser un médico cabal (*).

En cuanto a la responsabilidad del médico ¿deberá el médico atenerse a un "Como no me atienden bien, no cumplo bien"? Si no estuviesen en juego la salud y la vida de otros hombres, tal vez sí; pero el ejercicio de la Medicina exige siempre, por razón de su fin, una entrega esforzada de quien lo practica. Esta es la servidumbre del médico, más también su grandeza moral. Gracias principalmente a ella, la Medicina Pública va siendo, en toda la extensión del planeta, una empresa en marcha (*).

Por último, el gozo de curar. Gozo destinado a los médicos. Gozo que permanece en su alma hasta el día de su muerte.

 

*Tomás M.- Barona Zerolo, jefe servicio Otorrinolaringología del hospital Doctor José Molina Orosa.