Es como si creyeran que ha sido un espejismo. Que el caso "Reyes", la Operación "Unión" y la Operación "Jable" fueron sólo un mal sueño que empiezan a olvidar, y que pretenden que la sociedad también destierre de su ...
Es como si creyeran que ha sido un espejismo. Que el caso "Reyes", la Operación "Unión" y la Operación "Jable" fueron sólo un mal sueño que empiezan a olvidar, y que pretenden que la sociedad también destierre de su mente.
Ahora, vuelven a sacar pecho. La jet set quiere volver a brillar, a limpiar las incómodas manchas de ilegalidad en sus hoteles, mientras les siguen allanando el camino para sus nuevos negocios, siempre con la excusa del bien que realizan por el pueblo, al que siguen mirando como un pobre ignorante.
Pero además, intentan sacar lustre a sus embarrados nombres, a costa de manchar los de los demás. Eso, en concreto, es lo que intentó hacer el empresario Juan Francisco Rosa, al llevar a dos técnicos del Cabildo a los Tribunales. Leopoldo Díaz y Esteban Armas se habían convertido en un molesto obstáculo para sus intereses, pero no porque tuvieran una "enemistad manifiesta", como intentó alegar él en plan excusa colegial, sino porque velaban por el cumplimiento de la ley, tal y como ha determinado ahora el Juzgado, al archivar la querella que Rosa presentó contra estos dos técnicos.
No ha sido el único. Otros empresarios y abogados imputados en las principales causas contra la corrupción abiertas en Lanzarote, han intentado apartar a estos dos técnicos de sus funciones, utilizando todos los medios a su alcance. Y es que determinados sectores siguen actuando con la misma prepotencia y descaro con la que han actuado siempre. Como si pensaran que pueden controlarlo todo. Como si creyeran que sus "buenos tiempos", en los que incluso la Justicia "dormía" mientras se desarrollaban negocios multimillonarios en Lanzarote, pudieran volver.
El problema es que a veces, a pesar del esfuerzo que algunos jueces y fiscales han realizado y siguen realizando en los últimos años en Lanzarote, hasta parece que los hechos les dan la razón. Que la impunidad no ha terminado. Desgraciadamente, ésa es la sensación que pueden tener muchos ciudadanos al ver lo que está sucediendo, por ejemplo, con el caso "Unión".
Si escandaloso fue que dejaran al magistrado César Romero Pamparacuatro fuera de la causa, igual de preocupante es que la actual jueza haya tenido que sacar los colores al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, que le han estado negando los medios humanos y materiales necesarios para avanzar con el caso. Ahora, eso sí, todo son promesas. Pero habrá que ver si se cumplen.
Desde que se inició el caso "Unión", despertando una ola de esperanza en Lanzarote, parece no haber encontrado más que trabas en la Administración. Y eso, no hace sino mermar la confianza de la sociedad en la Justicia. Porque por más independencia de poderes que exista en España, la realidad es que son los políticos los que deciden a qué asignan recursos económicos y materiales y a qué no, y también los que nombran a los representantes del Consejo General del Poder Judicial.
Para todo un Ministerio de Justicia, ¿realmente es tan gravoso el pago de una comisión de servicios, que no equivaldría ni al salario de un juez, ya que no tendría dedicación exclusiva? ¿Puede ser que todos los órganos judiciales, desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias hasta el Consejo General del Poder Judicial, hayan considerado necesario ese refuerzo, y que sin embargo el Ministerio lo haya denegado de forma reiterada?
Para instituciones de este calibre, el dinero del que se habla es auténtica calderilla, por lo que la negativa resulta aún más incompresible. Y sólo cabe pensar que o les da exactamente igual que se llegue al fondo de la corrupción en Lanzarote, o que hay motivaciones mucho más turbias, sobre las que es inevitable que se especule.
Afortunadamente, ha habido muchas personas dispuestas a llegar al fondo y a hacer frente a los obstáculos. La nueva juez, lo ha hecho dejando claro el abandono de casi un año que ha sufrido esta causa, y volviendo a pedir un refuerzo, pero también un sistema informático y hasta algo tan simple como medios para poder hacer fotocopias del sumario.
El anterior, César Romero Pamparacuatro, lo hizo presentando un recurso cuando le apartaron del caso "Unión", y aún está esperando que le respondan. ¿Puede ser que hasta seis informes internos recomendaran su continuidad en la causa y que, sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial decidiera en abril no renovarle la comisión de servicios, después de cuatro meses de espera, y por tanto de parón en la instrucción?
En este escenario, no es de extrañar que algunos saquen pecho y actúen como si aquí no hubiera pasado nada, y tampoco que la sociedad vuelva al escepticismo y a la desconfianza. Sin embargo, los hechos también demuestran que hay quienes, pese a las trabas que les ponen en el camino, siguen trabajando para terminar con la impunidad en Lanzarote. Y en ellos, está la esperanza de que todo lo que se ha hecho en la isla en los últimos años haya sido en vano.