Opinión

La espantada institucional

Si la pasada legislatura fue la de los cambios de partido y casi un tercio de los concejales, consejeros o parlamentarios regionales de la isla terminaron el mandato militando en otro partido, ésta sin duda está siendo la de ...


Si la pasada legislatura fue la de los cambios de partido y casi un tercio de los concejales, consejeros o parlamentarios regionales de la isla terminaron el mandato militando en otro partido, ésta sin duda está siendo la de ...

Si la pasada legislatura fue la de los cambios de partido y casi un tercio de los concejales, consejeros o parlamentarios regionales de la isla terminaron el mandato militando en otro partido, ésta sin duda está siendo la de las dimisiones. Hasta el momento, y cuando aún no se han cumplido 14 meses desde la constitución de los Ayuntamientos y el Cabildo tras las elecciones de 2007, ya se han producido trece bajas en las instituciones lanzaroteñas. Y aunque algunas renuncias, como la de Inés Rojas en el Cabildo y la de Rita Martín en Teguise, obedecían a sus nombramientos como consejeras del Gobierno de Canarias, otras resultan difíciles de entender, sobre todo por lo abultado de las cifras. Especialmente en la capital.

De las trece dimisiones registradas en la isla, más de la mitad se concentran en Arrecife, que ya ha visto cómo se marchaban siete de los 25 concejales que salieron elegidos de las urnas. Y eso, además de una falta de respeto a los votantes, también refleja errores dignos de reflexión para quienes confeccionaron las listas.

Sin duda, una persona puede equivocarse y tiene derecho a rectificar, pero llama demasiado la atención que casi el 30 por ciento de los concejales electos haya decidido dejar su cargo, la mayoría alegando motivos personales y laborales. En casi todos los casos, se trataba de gente joven. De nuevas apuestas. Y el resultado es un flaco favor a la tan demandada renovación dentro de los partidos.

Cuando alguien decide entrar activamente en política y presentarse a unas elecciones, debería tener claro lo que implica. Porque ser concejal, consejero o parlamentario, es mucho más que una placa en un despacho o un asiento en un pleno, aunque sea en la oposición. El respaldo de los ciudadanos en las urnas obliga a responder con trabajo y rigor a esa confianza que se ha depositado en ellos, al menos durante los cuatro años que dura la legislatura.

Sin duda, es mucho mejor abandonar que no cumplir al cien por cien con esa responsabilidad, o que pasear por otros partidos con el acta debajo del brazo, como ha visto esta isla en otras ocasiones, pero eso no significa que el abandono sea digno de alabanza. Analizado cada caso individualmente, se pueden entender o justificar sus motivos, pero no dejan de reflejar, cuanto menos, un error de cálculo cuando se presentaron ante los votantes pidiendo su voto para trabajar por una isla o por un municipio mejor.

Incluso en el caso de Antonio Hernández, que no alegó motivos personales ni laborales como la mayoría, y que dio una lección abandonando su acta y sus cargos en el Ayuntamiento antes incluso que el partido, también los ciudadanos podrían preguntarle si no sabía cómo era el PIL o cómo era Dimas Martín antes de involucrarse en sus filas y encabezar la lista de Arrecife, obteniendo un importantísimo respaldo de los votantes.

Eso, desde luego, no quiere decir que hubiera sido preferible que se quedara. Ni tampoco en el caso de los que se han ido marchando por otras causas. Pero lo concreto es que sólo Arrecife ha perdido ya a siete concejales, y cuatro de ellos eran miembros del grupo de gobierno, que se ha quedado sin el 30 por ciento de sus integrantes en poco más de un año. Y eso, no hay gestión que lo resista.

Si ya de por sí el Consistorio capitalino está despertando avalanchas de críticas por su inactividad, el hecho de estar renovando continuamente a las personas que gestionan un área,no ayuda en absoluto. Porque para los que entran, supone empezar de cero. Recorrer el camino que ya habían transitado sus predecesores.

Con sus defectos, la Democracia tiene sus reglas y su lógica, y por algo se estableció que un cargo público se elige para cuatro años. Pero Lanzarote, por desgracia, tiene su propia dinámica.