Leía este fin de semana lo publicado sobre el libro de Alejo Schapire, La traición progresista, en el periódico El País del día 9 de marzo y en el programa A vivir que son dos días, de la cadena SER, del sábado 10 de abril entre otros. Se refieren ambas entrevistas al contenido de libro, que no es otro que la sangría que se está produciendo en los votantes de izquierda ante unos partidos políticos incapaces de dar respuesta a las expectativas de su potencial electorado.
No entro en las tensiones entre la izquierda antitotalitaria y la antiimperialista, sólo la inhumana política de migración merece un capítulo aparte, pero reconozco la certera traición de una política de izquierda dogmática, reaccionaria e identitaria. Desde la perspectiva de la defensa del territorio y de la preservación de la vida, los partidos de izquierda dan muestras a diario de estar sometidos a las reglas de este neoliberalismo voraz y asesino en que se ha convertido el capitalismo imperante.
Un ejemplo sangrante de esta traición es la insoportable levedad de la política de ordenación del territorio y el medio ambiente del Gobierno de Canarias. El ser Valbuena languidece frente a la fortaleza del ser Julio Pérez, y en su levedad cae la razón de ser de la izquierda. Claro que calificar de izquierda la política del partido socialista ya es ser generoso.
Bienaventurados los débiles de espíritu pues de ellos será el reino de los cielos, los gobiernos y los parlamentos.
Tres ejemplos, por no aburrir a la concurrencia. La Ley del Suelo del Gobierno Clavijo, conocida como la Ley de la Especulación del Suelo, esa que fue caballo de batalla de la campaña electoral, promesa electoral de los partidos de izquierda, ha pasado a llamarse Ley del Suelo del Pacto de las Flores. Bendecida por los apóstoles del señor Pérez, se la come el Gobierno de izquierda en su sentido más bíblico: colmar de bienes a alguien, hacerlo prosperar. La providencia de la arbitrariedad, la declaración de interés general y la interpretación subjetiva es repartida entre los depredadores del territorio.
Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra, el suelo, como herencia.
Segundo ejemplo: la incorporación al Gobierno de Canarias del imputado y ya acusado Blas Acosta. Esa pueril explicación dada por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, dispuesto a hacernos creer que no es que sea condescendiente con la corrupción, no es que esté sometido a ella, que no, es que los delitos públicos que se le imputan a Blas Acosta en el ejercicio de su cargo no son corrupción. Y lo mete con calzador en el Gobierno de Canarias haciendo gala magistral de lo que popularmente se llama un insulto a la inteligencia. Nos toma por tontos el señor presidente.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos -y del Gobierno- les pertenece.
Tercer ejemplo: la transferencia estatal de la competencia sobre la gestión de las costas al Gobierno de Canarias. El paso es equiparable a la aprobación de la Ley de la Especulación del Suelo, el destrozo sobre nuestras costas será inconmensurable. La prueba del algodón es la euforia no contenida ni disimulada del sector empresarial, encabezados por el líder del empresariado canario, el condenado por fraude fiscal Jorge Marichal.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados, y agasajados.
Desde el Gobierno autónomo se declara abiertamente: “Asumimos el compromiso de dar seguridad jurídica y plazos de respuesta razonables para que una inversión tenga la capacidad de materializarse.” Sin cortarse un pelo, oiga. Así, en declaraciones públicas, el Gobierno promete “mayor agilidad, cercanía y sensibilidad” en la “gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar”, así como “la regulación y la gestión del régimen económico-financiero del dominio público marítimo-terrestre” y “la ejecución de obras y actuaciones en el litoral canario cuando no sean de interés general”.
Lo que nos viene a decir el Gobierno de Canarias es que las competencias se ejercen de forma diferente dependiendo de quien las ostente y que, por “cercanía” e “interlocución directa” ellos garantizan que se “interpretará” la ley de modo que ésta se adapte como un guante a la mano a las necesidades del sector. Lo que traducido al lenguaje divino significa que el milagro obrará en los proyectos que “con la misma ley” han sido denegados por Costas, como el parque acuático de Fuente Santa, el Hotel Oliva Beach o el Hotel de La Tejita.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Difícil esto de saciar al que padece de gula.
Y los ángeles de la guarda lo celebran con gran alboroto, pues, no teniendo bastante con el reino de los cielos atisban el objetivo de seguir esquilmando las arcas públicas para seguir destrozando las islas con manifiesta impunidad y connivencia de los partidos de derecha e izquierda.
Y así se traiciona al electorado de izquierda, al ecologismo y al propio futuro de las islas que, siendo archipiélago y habiendo sido declarado el Estado de Emergencia Climática no tiene otra cosa que hacer que ocupar las costas con nuevas infraestructuras turísticas y gastar el dinero público en continuar construyendo paseos marítimos en las costas que el mar se comerá pronto.
El Maná se llama Plan de Recuperación, que serán 72.000 millones. En Canarias se gastará en el monocultivo turístico, se repartirá por corruptos entre corruptos y bajo criterios corruptos. Y se liquidará la única posibilidad de preparar a las islas para enfrentar la crisis socioeconómica, energética y climática que viene. Lo ejecutará un gobierno de izquierda y nos pedirán el voto dentro de nada. Hay que ser pragmáticos, me decía alguien hace poco... me gustaría saber qué entienden algunos por ser pragmático con la corrupción.
Bienaventurados los mansos: porque ellos poseerán la tierra, el suelo, la subvención y el gobierno.