Esta semana el gobierno de Dubai conseguía finalmente financiación del Banco Central de Emiratos y del Gobierno de Abu Dabi, calmando así a los inversores internacionales después del anuncio hecho por parte del Gobierno donde ...
Esta semana el gobierno de Dubai conseguía finalmente financiación del Banco Central de Emiratos y del Gobierno de Abu Dabi, calmando así a los inversores internacionales después del anuncio hecho por parte del Gobierno donde reconocía la imposibilidad de poder garantizar la totalidad de la deuda contraída por la principal empresa pública vinculada al sector de la construcción y al boom inmobiliario.
Este acontecimiento muestra, como apuntaba hace unas semanas, que las entidades financieras que acumulen un exceso de deuda pública de países altamente endeudados pueden verse en una crisis de deuda pública basura. Por ello, me preocupa que España haya sufrido esta semana un varapalo importante con motivo de un informe desfavorable elaborado por Standard&Poors, una de las agencias de calificación crediticia (agencias de rating) de mayor prestigio internacional. En concreto, dicho informe alerta de la existencia de mayores dificultades para devolver el crédito recibido en forma de préstamos o deuda. En otras palabras, la agencia de rating amenazó calificar a España como un país menos solvente (rebajar el rating) por la notoria falta de reformas estructurales y la difícil situación de elevado paro, abultado déficit y deuda creciente.
¿Por qué nos debería preocupar esta noticia? Es importantísimo que dichas agencias de rating no pongan en tela de juicio la solvencia crediticia del Gobierno de España. Fundamentalmente porque España no va a poder recibir ayuda alguna del Banco Central de Emiratos o del Gobierno de Abu Dabi. Las consecuencias de una rebaja en el rating pueden ser devastadoras en el contexto actual. La más mínima duda por parte de los inversores generaría una caída de las bolsas y de los beneficios empresariales, nuevas quiebras empresariales y más desempleo, y así como crédito cada vez más escaso y más caro. Además, se producirá una salida de ahorro en busca de operaciones más seguras y hacia países calificados por las mismas agencias como más seguros, más solventes y menos arriesgados, como es el caso de Alemania o Francia.
Si los números de paro, déficit y deuda siguen empeorando, y los informes de las principales agencias de rating siguen siendo desfavorables para España, todos pagaremos más por acceder al crédito. En primer lugar, todas las comunidades autónomas al igual que el Estado tendrán que emitir nueva deuda pública el año que viene para poder financiar el déficit presupuestario de 2009 y 2010. En segundo lugar, deberán disminuir recursos de otras políticas para poder devolver una deuda pública y un monto de intereses creciente. Por tanto, en un mercado de crédito donde la demanda de crédito supera con creces a la oferta, todos los gobiernos, incluido el canario tendrán que aceptar condiciones crediticias muy desfavorables (mayores comisiones, mayores diferenciales sobre Euribor, menores plazos de amortización?).
Además, este empeoramiento de las condiciones crediticias para el sector público se traslada automáticamente a las familias, y las pequeñas y medianas empresas que necesiten endeudarse para sobrevivir. Como es lógico, las condiciones crediticias son siempre más duras para las empresas y familias en comparación con el sector público, ya que éstas no cuentan con la posibilidad que tiene el Estado de subir impuestos para devolver la deuda. Por tanto, un nuevo endurecimiento de las condiciones crediticias, fruto de una peor calificación crediticia del Estado, podría elevar el listón necesario de manera que proyectos que en la actualidad son viables dejen de serlo en unos meses, o incluso propiciar el cierre de más empresas por la cancelación de una simple póliza de crédito.
En conclusión, y ante el suicidio de aumentar impuestos, apremia cada vez más la necesidad de tomar medidas de calado para reducir el déficit y aminorar la deuda que junto a la creación de empleo estable deben ser las prioridades en estos momentos. Estas medidas son las que valoran las agencias crediticias y por ende los inversores. Entre ellas, apremia la necesaria modernización del sector público, que debe incluir una reducción del gasto no productivo y de dudoso carácter social, la eliminación de duplicidades entre administraciones, y la supresión de trabas y burocracia injustificadas.