Cuando pienso en el papelón que tienen ante sí las empresas y los empresarios en la reconstrucción de la economía lanzaroteña, canaria y española me viene a la cabeza siempre una misma idea, que es la concertación público-privada. Los poderes públicos no pueden hacerlo solos y lo mismo le pasa a la iniciativa privada, que tampoco puede hacerlo sola. Por eso, porque nos necesitamos, no tengo la más mínima duda de que la concertación público-privada es un requisito indispensable para salir adelante. De esta sólo saldremos si nos unimos el gobierno y la oposición junto a los agentes económicos (y sociales, por supuesto).
Lanzarote ha solicitado un anexo oriental dentro del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias para que ahora, en estas circunstancias excepcionales, se tenga en cuenta la histórica y generosa contribución económica de Lanzarote y Fuerteventura al desarrollo equilibrado del Archipiélago. Una contribución que en realidad ha sido aportada, vía impuestos, por el dinamismo empresarial registrado en ambas islas en las últimas décadas. Esto debe ser considerado por los agentes políticos, sociales y económicos de Canarias en el acuerdo extraordinario que ha propuesto Ángel Víctor Torres, y que ha de adoptarse cuanto antes para combatir con eficacia las inéditas y gravísimas repercusiones ocasionadas por la Covid-19 en nuestra economía y estructura social.
Este gran acuerdo político, social y económico por la reactivación de Canarias viene condicionado porque seamos capaces de garantizar las Islas como destino turístico sostenible y seguro. Sólo así se podrá impulsar la actividad económica para devolver cuanto antes a Canarias a la dinámica de prosperidad compartida a la que todos aspiramos, con medidas de apoyo e impulso para empresas y autónomos, en la industria, el comercio, el sector primario o la construcción, sin que deba entenderse que este último sector podrá desenvolverse a su libre albedrío, como en alguna nefasta época de auténtico boom en el pasado.
La paulatina reapertura de las empresas y la puesta en marcha de la actividad económica necesitan el respaldo de las administraciones públicas, claro está. Y lo están teniendo al máximo de su capacidad, pero tampoco podemos convertir las justas demandas empresariales en un concurso de ocurrencias ni en una carta con una lista de imposibles dirigida a los Reyes Magos de Oriente o a Papá Noel. El cauce viene impuesto por el mantenimiento y la recuperación del empleo, buscando limitar que los efectos coyunturales de esta crisis se manifiesten en consecuencias permanentes, ampliando el colectivo de personas vulnerables, como ha señalado el presidente de Canarias.
Estamos abocados al fomento de la inversión productiva: I+D+i, políticas activas de empleo, transición ecológica e infraestructuras. Pero, tal y como están las cosas, es oportuno rescatar un compromiso electoral del PSOE referido a un nuevo Contrato Social, porque la pandemia nos impone un nuevo pacto entre el capital, el trabajo y el planeta. Nos impone un Green New Deal que nos permita hacer frente a la necesaria transición ecológica mediante la máxima eficiencia en el uso de los recursos naturales, las tecnologías menos contaminantes y de menor impacto sobre la biodiversidad, en particular las energías renovables y la creación de empleo verde en todos los sectores.
La transición ecológica alberga un elevado potencial de inversión y de empleo, por lo que se abren oportunidades para el progreso duradero y solidario, aprovechando al máximo el potencial empresarial, pero también el científico y el tecnológico, para superar la falsa dicotomía economía o ecología, ya superada. Veníamos del calentamiento global y el cambio climático, pero, tras la Covid-19 y el envío por parte del Gobierno de España a las Cortes del proyecto de Ley Cambio Climático y Transición Energética, definitivamente no habrá economía sin ecología.
Fco. Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.