Algunos casos se conocían o al menos se intuían en la calle pero, una vez más, la cruda realidad de Playa Blanca ha vuelto a superar las peores expectativas. Por si no fuera poco con los hoteles ilegales, ahora también se ha demostrado que algunos se dedicaron a comerse el suelo público, el suelo que era de todos los vecinos de Yaiza, para ampliar sus instalaciones. Así, donde debería haber zonas verdes, en realidad hay muros e instalaciones deportivas y lúdicas privadas.
Y lo peor es que se han detectado más de 20 casos de ocupación de suelo público en sólo dos planes parciales. Del resto, aún no hay datos. Ni de los otros cinco planes parciales, ni del pueblo de Playa Blanca en sí. Por eso, la cifra total podría ser muchísimo mayor. Y sería bueno conocerla cuanto antes, porque durante demasiado tiempo se ha permitido esta situación.
De hecho, lo que resulta increíble es que no se hubiera detectado hasta ahora. Algunas, datan de hace más de tres décadas, según el Ayuntamiento. Otras, son una herencia más del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, poco dado él a velar por el cumplimiento de la ley.
Además, al parecer, algunos de los que se han beneficiado durante años de ese suelo público alegan que tienen "convenios" con el Ayuntamiento o títulos que les habilitan para ocuparlo. Sin duda, el colmo del esperpento, porque en la Oficina Técnica del Consistorio no se ha encontrado ningún documento al respecto. Si realmente existen, ¿cómo puede ser que el Ayuntamiento no tenga constancia? Y sobre todo, ¿qué tipo de beneficio obtiene el municipio con esa cesión, si ni siquiera conoce los términos en los que se realizó?
Evidentemente, y más allá de los papeles envejecidos que ahora pueda sacar alguien de la chistera, lo que está claro es que al menos la mayoría de esas zonas verdes e incluso viales se ocuparon de forma ilegal, al igual que muchas otras que aún no han salido a la luz en el resto de Playa Blanca. Y precisamente por ello, el Ayuntamiento ha tenido que iniciar los trámites para recuperar ese suelo.
Sin embargo, una vez más, el problema vuelve a ser el de siempre, especialmente en el sur. Y es que al final, los infractores podrían terminar viéndose beneficiados. El Ayuntamiento asegura que se abrirán expedientes para imponerles sanciones y que les "desalojarán" de ese suelo. Sin embargo, lo cierto es que una vez recuperado, el Consistorio también se plantea volver a entregárselo a los infractores, a través de una concesión legal.
Sin duda, ya es más de lo que tenemos ahora, porque al menos tendrán que pagar por ese suelo que han estado quitando a todos los vecinos, pero no deja de ser un nuevo triunfo de la política de los hechos consumados. Sería como si un vecino decide vallar un trozo de parque público, montar allí un negocio privado cobrando entradas, y todo ello sin pagar un duro por el suelo. Y años después, cuando alguien "detecta" lo que está haciendo, la administración le legaliza el negocio en un suelo que no era de él ni estaba previsto para eso, y le empieza a cobrar un alquiler.
La diferencia es que a ese vecino, le hubieran desalojado desde el primer día, y quizá hasta hubiera acabado en la cárcel. Porque ésa es otra: el propio interventor del Ayuntamiento advierte que hay indicios de delitos contra ordenación del territorio, porque obviamente, uno no puede montar un chiringuito privado en suelo que es de todos, por muy ilustre que sea su apellido.
Sin embargo, una vez más, la permisividad histórica del Ayuntamiento ha beneficiado a los infractores. Y es que esa cruz de la Justicia llamada "prescripción" de los delitos, hace que difícilmente se les vaya a poder llevar a juicio. Para eso, se tendría que haber denunciado en los tres años siguientes a la ocupación del suelo. Pero obviamente, no se hizo, con lo que los posibles delitos ya no podrían juzgarse. Sin duda, una jugada redonda, que a punto ha estado de perpetuarse en el tiempo.
De hecho, ni las advertencias que los técnicos aseguran que hicieron hace años, ni la elaboración del Plan General del municipio, que de hecho está a punto de aprobarse inicialmente, habían hecho aflorar este asunto.
Sorprendentemente, ha sido una denuncia sobre el Paradise Island, que ya ocupaba suelo público y pretendía que se le concediera aún más para hacer un aquapark, la que ha destapado el asunto. Y lo imprescindible es que se lleve hasta las últimas consecuencias. Con todos, y con total transparencia. Sólo así se podría empezar a poner fin a la oscuridad en la que algunos, incluyendo personas que aún siguen trabajando u ocupando cargos públicos en el Consistorio, han contribuido a crear durante décadas en Playa Blanca.