Lleva dos años y medio inhabilitado políticamente y cumpliendo una condena de ocho años de cárcel pero, cuando Dimas habla, Lanzarote sigue conteniendo la respiración. Cada palabra y cada gesto, en los que desde luego no suele ser ...
Lleva dos años y medio inhabilitado políticamente y cumpliendo una condena de ocho años de cárcel pero, cuando Dimas habla, Lanzarote sigue conteniendo la respiración. Cada palabra y cada gesto, en los que desde luego no suele ser parco, se analizan con lupa para interpretar los mensajes codificados que envía el líder del PIL.
La condena que cumple actualmente ni siquiera es la primera pero, aún así, cada vez que rompe el silencio tiene en vilo a su socio de gobierno, a su propio partido, a las instituciones y, de rebote, a toda la sociedad lanzaroteña. Porque por increíble que resulte, Dimas sigue marcando la agenda de esta isla. Incluso, los miembros del Partido de Independientes de Lanzarote confiesan sin rubor que le piden consejo a la hora de gobernar y que les asesora en temas tan vitales como la situación económica de Inalsa.
Y todo ello, pese a que está condenado por malversación de fondos públicos y por dos delitos contra Hacienda y contra la Seguridad Social en la gestión del complejo agroindustrial. En este caso no se habla de la construcción de un bañadero en Guatiza, ni de unos baños en Los Dolores. Ni siquiera de la compra de un voto a un concejal. La malversación de fondos públicos es, literalmente, un "delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo".
Evidentemente, Dimas Martín, como cualquier condenado, tiene todo el derecho a seguir proclamando su inocencia y a asegurar que el complejo agroindustrial, que dejó unas deudas millonarias al Ayuntamiento de Teguise y hoy es un esqueleto casi fantasmagórico de otros tiempos, fue "una gran obra para ayudar al sector primario". Incluso puede olvidar las protestas de los agricultores y ganaderos, que arrojaban la leche a las puertas de esas instalaciones para protestar por unos pagos que no llegaban.
Sin embargo, una cosa es el derecho al pataleo de un preso, y otra muy distinta que éste marque los designios de una isla. Porque por más que Dimas Martín insista en que es víctima de una persecución para alejarle de la vida política, lo cierto es que quien le ha alejado de las instituciones no es un partido, sino los tribunales de justicia, que consideraron probados los delitos que se le imputaban.
Es probable que no fuera el único. Que otros políticos en Lanzarote, en Canarias y en España también hayan delinquido en los últimos años, y no hayan llegado a sentarse siquiera en el banquillo. Pero aquí no se trata de si están todos los que son, sino de si son todos los que están. Porque en todo caso, el problema no sería que a él se le haya mirado "con lupa", como denuncia, sino que a otros no se les hubiera mirado.
Ahora, su última crítica llega por la nueva retirada del tercer grado. Dice que se le está tratando con "crueldad", que para él no existen los mismos derechos y que le someten a una "tortura" psicológica, según él por su figura política. Pero lo cierto es que la Audiencia Provincial cree todo lo contrario. De hecho, sostiene que la Administración, es decir, la Dirección de Instituciones Penitenciarias, se "precipitó" al concederle este beneficio carcelario. Es decir, que en lo que está en manos de la política, más que perjudicarle se le habría beneficiado.
Lo mismo considera la asociación que reúne a los familiares de presos en Lanzarote. De hecho, están indignados porque consideran que, lejos de ser una víctima, Dimas Martín está recibiendo tratos de favor en prisión.
Ahora, y a la luz del último auto judicial, parece difícil que vuelva a disfrutar del tercer grado a corto plazo, si no paga los 2,4 millones de euros que tiene que abonar en concepto de responsabilidad civil por la malversación de fondos públicos.
Por eso, el PIL ha anunciado que intentará recaudar esta cifra sumando el esfuerzo de sus cargos públicos, pidiendo créditos o apelando a la solidaridad de los ciudadanos a través de una colecta popular. Y sin duda, será interesante ver si lo consiguen, y cómo.
Porque en los tiempos que corren, con miles de trabajadores que han perdido su empleo en la isla, con cientos de familias abocadas a la pobreza, con las ONGs desbordadas y con asociaciones e incluso instituciones públicas pidiendo ayuda para hacer frente a esta tragedia social, el PIL se superaría a sí mismo si logra recabar esa cifra millonaria para sacar a su líder de prisión.