En cualquier lugar del mundo no darían crédito, pero lo cierto es que en Lanzarote se ha convertido en un motivo de celebración el hecho de que un Grupo de Gobierno cumpla un año sin romperse. Pues bien, el objetivo está ...
En cualquier lugar del mundo no darían crédito, pero lo cierto es que en Lanzarote se ha convertido en un motivo de celebración el hecho de que un Grupo de Gobierno cumpla un año sin romperse. Pues bien, el objetivo está logrado, porque los socios del tripartito han llegado a celebrar sus primeros doce meses al frente de la Corporación. Y es que fue un 30 de junio de 2005 cuando Inés Rojas se convirtió en presidenta del Cabildo, escribiendo el que por ahora parece ser el último capítulo de la legislatura más tormentosa de la historia lanzaroteña.
Después de venir precedido por otros dos pactos que también se justificaron con la necesidad de dar "estabilidad" a la Corporación, la verdad es que muchos desconfiaron de que esta nueva alianza fuera a durar más que las anteriores, sobre todo porque las desavenencias con el nuevo socio, el PSOE, empezaron muy pronto. Sin embargo, los escollos se han ido salvando con mejor o peor fortuna, y con el escaso tiempo que resta para las elecciones, todos los socios están dispuestos a esforzarse para no dar un nuevo escándalo en el Cabildo, que sin duda les perjudicaría a todos.
Pero si la inestabilidad institucional ha supuesto una gran lacra para Lanzarote, y romper esa dinámica es de por sí una buena noticia, lo cierto es que tampoco se pueden echar las campanas al vuelo, porque la pretendida estabilidad actual tampoco es la panacea. El actual pacto ha hecho aguas en más de una ocasión, y para ir salvándolo ha sido necesario pagar un alto precio. Un precio que en muchos casos ha pasado por el inmovilismo. Es decir, las cuestiones motivo de discordia no se han resuelto con consenso y negociación, sino que simplemente no se han resuelto. Se han ido aparcando temas delicados, porque no consiguen ponerse de acuerdo.
El ejemplo más concreto y tangible de esto es el Plan Territorial Especial, cuya aprobación era urgentísima para el PSOE, y sin embargo sigue sin poder llevarse adelante. Hubo reuniones y más reuniones y luego nada, un paréntesis de silencio. Y ahora, el tema parece que vuelve a ponerse sobre la mesa pero no para decidir, sino para volver a reunirse. Otra ronda de encuentros y mientras tanto, el calendario sigue avanzando. De hecho, destacados miembros de Coalición Canaria ya han confesado que no creen que el documento se apruebe en esta legislatura.
Pero por grave que esto pueda parecer a todos los que en su día escucharon al PSOE señalar los peligros del retraso de la aprobación de este plan, lo cierto es que no parece que los socialistas vayan por eso a romper la baraja. La cuerda está tensa, muy tensa, pero aún aguanta. Igual que aguantó cuando en medio del pulso entre Carlos Espino e Inés Rojas, esta última decidió quitarle las competencias sobre el Plan Territorial Especial, anunciado que ella y los dos vicepresidentes llevarían el documento hasta su aprobación. Es el precio de la estabilidad.
También es el precio de la estabilidad para cargos públicos como Sergio Machín y Mario Pérez, el sentarse a gobernar con quien le ha llevado a los Tribunales, a ellos y a otros más, por el caso de los baños de Los Dolores. O que Coalición Canaria tenga que aguantar estoicamente en el Cabildo la creación de una Mesa Insular de Sanidad propuesta por el PSOE, que no desaprovecha la oportunidad de cargar contra la gestión del Gobierno de Canarias en esta materia, o en otras como la gestión de los residuos.
Es el precio de la estabilidad, y también de tener que gobernar con el que es tu rival más directo de cara a las próximas elecciones, tanto en Lanzarote como en el conjunto de Canarias. Por eso y por "visiones" muy distintas en muchos temas importantes, este pacto tripartito se ha convertido en un auténtico calvario en más de una ocasión, y más aún lo va a ser ahora, cuando encima se entremezcla una de las situaciones más delicadas que ha atravesado el Cabildo y muy en especial Inalsa en toda su historia: ese laudo de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de las Palmas que condena a la empresa insular de aguas a pagar casi 10 millones de euros a la UTE a la que se adjudicó la construcción de la planta desaladora de Janubio. Un laudo que ha dejado al descubierto una cadena de, cuanto menos, garrafales errores políticos, y que ahora unos y otros se están arrojando a la cara. Pero que nadie se sorprenda si unos y otros continúan juntos, sujetando con una mano el paraguas para aguantar el chaparrón, y con otra la espada para responder atacando. Así es la política, así es el Cabildo y así son los pactos. Siempre nos quedará la estabilidad, o las próximas elecciones.