Durante años jueces, abogados, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad y detenidos visitaron los calabozos y celdas de las diferentes instalaciones de la isla cuyo fin es custodiar al detenido hasta que éste pase a disposición judicial y el juez decida su puesta en libertad o ingreso en prisión. Los más viejos del lugar recordarán las celdas de la antigüa sede de la Policía Nacional, ubicada frente al Puente de las Bolas, edificio que fue demolido sin pena ni gloria, y que fue hospital antes de ser comisaría. Nunca oí queja alguna sobre el deplorable estado de dichas instalaciones, a pesar de que por ellas pasaban incluso los inmigrantes que, extenuados, llegaban en pateras sin haber cometido otro delito que el de jugarse la vida en el océano para huir de guerras, abusos y miserias.
Les aseguro que en pocos lugares como las celdas y los calabozos de la comisaría y de la Guardia Civil de Lanzarote tiene uno la sensación de estar siendo vejado en su más íntima dignidad. El olor te tumba, te llena los sentidos y se te clava en el cerebro de tal modo que ya no ves sino mugre alrededor. Nadie, haya cometido el delito que haya cometido, tendría que pasar por dicho trance, y no les digo ya los profesionales que se ven obligados a desarrollar su trabajo en dichas instalaciones dìa tras día en condiciones muy dudosas de higiene y salubridad. Pero nunca oí que nadie se quejara por ello hasta que en el año 2008 estalló la Operación Unión.
Cuando nuestros dignísimos representantes públicos y empresarios, convertidos en detenidos, se vieron forzados a usar las instalaciones públicas saltaron todas las alarmas sobre el penoso estado de calabozos y celdas. La prensa a sueldo puso el grito en el cielo, clamaron por la dignidad de los detenidos, apelaron al daño emocional de dicho trance, hasta amenazaron con querellas y demandas reclamando daños y perjuicios.
Terminaron las detenciones y nunca nadie ha vuelto a levantar la voz al respecto, y mucho menos a adoptar medida alguna para mejorar las condiciones a las que los detenidos siguen siendo sometidos a diario y con las que los profesionales tienen que convivir. Basta un día en el juzgado de guardia para comprobar que la situación no ha cambiado.
Cuento esta anécdota, si se me permite la frivolidad de la expresión, porque cada vez que oigo a un político hablar del Principio de Presunción de Inocencia para justificar que se queda sentado en la poltrona del poder cuando la justicia determina que hay indicios de criminalidad en su conducta, recuerdo la historia de los calabozos y las celdas.
No sé en qué momento los principios generales del derecho, que rigen el ordenamiento jurídico español, saltaron a la política. Debió ser el día en que la ética saltó por la ventana. No entiendo cómo es posible que no me enterara de semejante acontecimiento. Es probable que fuera el mismo día en que unos pocos, muy pocos por lo que se ve, se vieron respondiendo por los actos delictivos que cometían al frente de las instituciones sentados en los duros y fríos bancos de las celdas.
La Constitución Española recoge expresamente el Principio de Presunción de Inocencia y obliga a los organos judiciales a tratar a todos los imputados como inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Obliga a la acusación a desmontar la inocencia presunta con la carga de la prueba, de modo tal que nadie pueda ser condenado si no se demuestra su culpabilidad. La novedad es que la aplicación de dicho principio ya no obliga sólo al poder judicial, ahora es una obligación genérica, obliga al partido político, obliga a los ciudadanos, obliga a las instituciones públicas, obliga a la religión, obliga a la ética y a la educación.
Obliga a ciertos partidos políticos de modo tal que ya no pueden exigir que sus representantes, que han sido elegidos mediante procesos electorales y que son responsables de un cargo público, se aparten de las instituciones que gestionan cuando un juez o un magistrado dicta una resolución en la que queda meridianamente claro, tras años de instrucción, que hay indicios claros y suficientes de que sus actos son criminalmente reprochables.
Es tal la sujección al Principio de Presunción de Inocencia que se han autoimpuesto algunos partidos políticos que nos arrastran a todos, de modo tal que los ciudadanos de Lanzarote nos vemos obligados a asumir que nuestros representantes sigan representándonos tras ser acusados de actuar al margen del principio de legalidad, abusando del cargo que se han ganado con nuestros votos. Porque en el pulso entre el Principio de Legalidad y el Principio de Presunción de Inocencia, es evidente que algunos partidos han apostado por atender a la inocencia antes que a la legalidad.
Es tal la fuerza con que algunos han asumido este concreto principio general del derecho que no hay espacio para depurar responsabilidades políticas, ni éticas, ni criterios de limpieza. No les queda una migaja de autonomía para mostrar una imagen de decencia y nobleza en los cargos que representan a los ciudadanos. Cayó la dignidad, como la legalidad y la equidad, por el Principio de Presunción de Inocencia, descansen en paz. Es una pena que no puedan mostrarse limpios y decentes porque están obligados a enarbolar la bandera de la inocencia de quienes son acusados judicialmente. Sucio uno, sucios todos, pobres que no pueden limpiarse por el Principio de Presunción de Inocencia, están atados de pies y manos, carecen de agua y jabón.
Hemos perdido el derecho ciudadano a juzgar la actuación política de nuestros representantes públicos, a los que hemos votado, por el omnipresente Principio de Presunción de Inocencia. Olvidemos el juicio político de aquél cuya gestión se ha puesto en duda en un procedimiento judicial por el infinito desparpajo del principio de presunción de inocencia. El partido sacrificado por el Principio de Presunción de Inocencia. La suerte del partido unida y lo que es imperdonable, la suerte de la Institución, unida a la suerte del acusado. Todo por el ineludible cumplimiento del Principio de Presunción de Inocencia.
Del Principio de Presunción de Inocencia pasamos a la pena de banquillo, porque todos quieren que se les fotografíe inagurando la macro-obra, cortando la cinta con el sobre de las macro-comisiones en el bolsillo. Pero nadie quiere verse retratado respondiendo ante los tribunales de justicia de su gestión pública. Codazos hemos visto para sacarse la foto de la petulancia, camiones de censura para evitar una foto que refleje los índices de corrupción en las instituciones públicas. Descanse en paz el Principio de Transparencia de la actuación pública y el derecho a la información, que han sido vencidos por el Principio de Presunción de Inocencia.
Y de la pena de banquillo a la judicialización de la vida política. ¿qué querrán decir con que no judicialicemos la vida política? ¿Nos piden que no fiscalicemos la actuación pública? ¿Que no denunciemos las actuaciones políticas ilegales? ¿Nos piden inmunidad? ¿impunidad? ¿Que no equiparemos político con delincuente? Muerte pues al Principio de igualdad, borrad de nuestro código penal los delitos cometidos en la administración pública porque juzgarles daña la imagen de nuestros políticos. Votemos cada cuatro años y echémonos a dormir, dejemos nuestro dinero, nuestro futuro y nuestra vida en sus manos, tengamos Fe en el político como la tenemos en nuestros padres, madres y en el Espíritu Santo. Rompamos el reconocimiento constitucional de la aconfesionalidad del Estado en pro de nuestra ciega Fe en el político.
En fin, que no nos ha tocado en suerte un poquito de igualdad, ni de legalidad, ni de transparencia, ni de libertad de culto, ni del derecho a la información, pero hay raudales de presunción de inocencia en las sedes de los partidos políticos. La verdad es que, a estas alturas, viendo lo que vemos y oyendo lo que oimos, yo me conformaría con que nuestros representantes públicos adoptaran algo más sencillo que los Principios Generales del Derecho, me basta con que asuman un poco de ética, responsabilidad, educación, dignidad profesional, vamos, que sean ejemplo y no motivo de vergüenza.
Mientras, podemos seguir usando los mugrientos calabozos para aquél que roba en casa habitada pero hospedemos a los corruptos en los hoteles ilegales hasta que sean llevados a disposición judicial. El primero entra a robar usando la fuerza en casa habitada, el segundo nos roba a todos abusando de nuestra confianza.