Al Gobierno de Canarias se le ha visto el plumero, y se lo ha visto nada menos que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En una sentencia histórica, y sin duda un tanto pintoresca en algunas de sus expresiones, sus ...
Al Gobierno de Canarias se le ha visto el plumero, y se lo ha visto nada menos que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En una sentencia histórica, y sin duda un tanto pintoresca en algunas de sus expresiones, sus señorías dicen con todas las letras que el Ejecutivo regional se quedó con dinero que no era suyo al hacer el reparto de la recaudación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Por un lado, porque al bruto de recaudación le restó unos gastos irreales. Es decir, que antes de hacer el reparto entre los Cabildos, se quedó no sólo con una parte para compensar lo que habían gastado en tramitar la recaudación de esos impuestos, sino con bastante más. Según se sostiene en la sentencia, casi el doble. Y así los Cabildos pagaron por la tramitación del REF, pero también por todos los gastos de gestión anuales de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.
Pero eso no es todo, entre otras cosas, la sentencia también señala que la suma que entregó el Gobierno de Canarias al Cabildo de Lanzarote en concepto del Arbitrio a la Producción y la Importación en Canarias (APIC), tampoco se ajustaba a lo estipulado. La propia Ley 14/1999 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias establecía que el Gobierno debía compensar a los cabildos por lo que se llamó el "descreste" del APIC. Algo que en la práctica supuso una disminución progresiva de ese arancel, para adaptarse a la entrada plena en la Unión Europea. Una entrada que reportó jugosos beneficios fiscales para el Gobierno de Canarias, que en cuatro años cuadruplicó sus ingresos en concepto de IGIC, pero que mermó notablemente los de los cabildos, sin que recibieran la pactada compensación.
Y ahí es donde el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no sólo da la razón al Cabildo, sino que además se explaya a lo largo de casi un folio de la sentencia, analizando el significado de la peculiar palabra "descreste". Y recoge el fallo que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, descrestar es "quitar o cortar la cresta". Y continúa señalando en la sentencia, por peculiar que resulte, que cresta es "carnosidad roja que tienen sobre la cabeza el gallo y algunas otras aves", por lo que no se explica que se haya utilizado este término, descreste, para referirse a la desaparición paulatina del APIC entre los años 1998 y 2002. Pero aún va el magistrado más allá, señalando que "éste no es el defecto más grave, porque en Colombia significa engañar a alguien".
Y eso precisamente, aunque con otras palabras y en otros apartados de la sentencia, es lo que se dice que ha hecho el Gobierno de Canarias con Lanzarote. Engañarla entregándole menos dinero del que le correspondía por derecho y por ley. Pero por si fuera poco, también se subraya en el fallo que la Consejería de Economía y Hacienda no aportó a la causa la documentación que se le había exigido. En concreto, señala que se le negaron informes al perito que debía determinar, entre otras cosas, si la cifra que se estipuló como gastos de gestión del REF era o no ficticia. De hecho, ni siquiera la propia defensa del Gobierno de Canarias en el juicio intentó desmontar esa acusación del Cabildo de Lanzarote.
En definitiva, otro "descreste" injustificado, por el que el Gobierno de Canarias tendrá que pagar ahora varios millones de euros. En total más de 80, aunque en virtud de compensaciones que se han ido acordando en los últimos años, y por las que el Ejecutivo ha ido saldando parte de esa deuda, se quedará en cerca de 20 millones. Una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que más de 3 mil millones de las antiguas pesetas equivalen a lo que el Cabildo destina a inversión en todo un año. Es decir que, por ejemplo, este año se podrían multiplicar por dos las inversiones.
Pero lo triste es que para llegar hasta aquí ha sido necesaria una dura batalla que decidió emprender el Cabildo de Lanzarote, y a la que otros cabildos ni siquiera se animaron a sumarse. Era David contra Goliat. O la gallina contra el dueño del corral. Pero esta vez ha vuelto a ganar David, porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias considera en su sentencia, entre otras cosas, la solidez de la defensa del Cabildo lanzaroteño, de la que subraya que plantea "razonamientos inteligentes que hacen gala de sólidos conocimientos en esta específica materia". Una materia compleja y una batalla más compleja aún, que no era fácil de ganar, y menos enfrentándose a todo un Gobierno de Canarias. Pero se ha ganado y el TSCJ ha dejado en evidencia al Ejecutivo regional, que no sólo quería quitarnos la cresta, sino también desplumarnos.