Hace seis años, José Francisco Reyes era alcalde de Yaiza, con mayoría absoluta. Hace seis años, José Francisco Reyes aseguraba a La Voz que dormía "todas las noches tranquilo". Incluso, desafiaba a los que denunciaban sus desmanes urbanísticos en el sur: "Que me lleven a Anticorrupción. Eso a mí no me quita el sueño", afirmaba entonces en una entrevista a La Voz.
Al poco tiempo, su desafío encontró respuesta, y la Justicia empezó a investigarle. Seis años después, José Francisco Reyes ya tiene una condena a sus espaldas, ha sido detenido y hasta pasó dos meses y medio en prisión provisional. Seis años después, hay un informe policial que acredita que mientras concedía licencias ilegales a diestro y siniestro, ocultándoselas al Cabildo, manejaba cientos de miles de euros en efectivo y de procedencia "desconocida". Seis años después, tiene pendiente un juicio que sí debería quitarle el sueño.
Ahora, cuando el caso por la presunta trama para la concesión masiva de licencias ilegales entra en la recta final, y se van a archivar las actuaciones contra una decena de empresarios que estaban imputados, es importante no perder todo eso de vista. Porque aunque no se vaya a poder llegar al fondo de todo lo que sucedió, lo cierto es que en este tiempo se ha recorrido un camino importantísimo.
En aquella época, viendo su constante desafío a la ley y a las normas urbanísticas, parecía una cuestión de simple lógica: nadie hace eso porque sí. Hoy, después de una larga investigación, la Fiscalía considera que hay indicios más que suficientes como para sentarle en el banquillo por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Y junto a él, se sentarán cuatro técnicos del Ayuntamiento, así como miembros de su familia y otras cuatro personas que presuntamente le ayudaron a blanquear el dinero.
Por desgracia, también es cierto que eso no permite, ni mucho menos, cerrar la historia. Si realmente se prueban esos delitos, seguiría faltando una pata fundamental: la de las personas que pagaron los presuntos sobornos, e incluso la de quienes orquestaron semejante maraña de ilegalidad. Porque si algo ha sostenido la acusación desde el principio es que Reyes no pudo hacer todo esto solo. Sin embargo, ni él ni ninguno de los cuatro técnicos del Ayuntamiento imputados, que son los que más luz podrían arrojar sobre este asunto, han querido señalar a nadie.
En cualquier caso, pese a las dificultades con las que se ha encontrado esta investigación, que en realidad debería haber empezado muchos años antes, lo cierto es que el cambio con respecto a lo que había hace seis años supone un auténtico abismo de diferencia. No hay que olvidar que el propio Reyes llegó a confesar que cobró dinero de varios empresarios a cambio de conceder licencias ilegales. Poco después, se retractó. Cambió el guión y volvió a defender su inocencia. ¿Debemos creer que mintió la primera vez, o la segunda? ¿Debemos creer que confesó algo que no había hecho? ¿Qué se inventó que cometía delitos y cobraba sobornos? En este caso (al margen de si eran ciertos los nombres de todos los empresarios que dio, o de si protegió a otros), la respuesta también parece de pura lógica.
Desde entonces, la investigación se centró en las personas que pudieron pagar esos supuestos sobornos. Y eso, al margen de que los "indicios" encontrados no sean "suficientes" para llevarles a juicio, como argumenta el fiscal, sí ha permitido conocer muchísimos datos de lo que de verdad sucedió en Playa Blanca. De lo mucho que se beneficiaron algunos, que hoy pretenderán venderse como víctimas de esta investigación.
Ha permitido descubrir que tres empresarios empezaron a construir un polémico puerto deportivo (Marina Rubicón) sin tener ningún tipo de permiso. Que pagaron 1,8 millones a otro empresario para que retirara las denuncias que había presentado. Que el Ayuntamiento de Yaiza les concedió finalmente la licencia cuando las obras llevaban más de dos años y medio y estaban casi terminadas y, además, se la otorgó en sólo seis días. Y todo ello, pese a que la Apmun ha dicho ahora en un informe, solicitado en el marco de estas diligencias judiciales, que Marina Rubicón no tiene ningún tipo de cobertura legal en el planeamiento.
Es sólo uno de los casos. Cómo éste, hay muchos otros. Uno de esos mismos empresarios, Juan Francisco Rosa, ostenta el otro gran récord del escándalo de la administración Reyes. Pidió licencia para construir el Hotel Princesa Yaiza el 29 de mayo de 1998 y tres días después, el Ayuntamiento se la concedió. Pero lo más sangrante es que el anterior dueño del suelo donde Rosa levantó un hotel, también había pedido una licencia para construir en esa misma parcela, y se la habían denegado, basándose en la normativa vigente. Sin embargo, fue pedirla Rosa, y concedérsela en tiempo récord.
En esa misma época, cuando el ex alcalde concedía éstas y muchas otras licencias que los tribunales ya han determinado que son ilegales, la familia Reyes manejaba cientos de miles de euros en efectivo, se compraba un yate en metálico y, encima, lo atracaba gratis en Marina Rubicón.
Ahora, la Fiscalía sigue acusando a Reyes de haber cobrado sobornos, porque considera que hay pruebas de ello. Pero sobre quién los pagó, entiende que hay múltiples indicios, pero no suficientes para llevar a esas personas a juicio. Sólo el hecho de no poder determinar la fecha de los pagos, podría abrir la puerta a que el delito hubiera prescrito. Es decir, que no pudiera condenárseles por ello. Son algunas de las perlas de la ley y del Código Penal. Si consigues ocultar lo que has hecho durante el tiempo suficiente, ya no importa que hayas cometido o no un delito.
Desgraciadamente, en ocasiones, la lógica no siempre basta para impartir Justicia.