Estos días he tenido la oportunidad de hablar con diferentes empresarios, políticos, y asociaciones de consumidores con ocasión de la presentaciónpor varias islas del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. En ...
Estos días he tenido la oportunidad de hablar con diferentes empresarios, políticos, y asociaciones de consumidores con ocasión de la presentaciónpor varias islas del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. En resumen, con independencia del color político, de vivir en una isla oriental u occidental, capitalina o no capitalina, se palpa un malestar en la sociedad con el sector público, y en especial con el exceso de burocracia que comienza a ser un lastre para la economía y la recuperación.
A menudo escuchamos a empresarios solicitar protección y ayudas al Gobierno, a la vez que criticar la burocracia que tienen que soportar, con trabas, restricciones de todo tipo. También, el ciudadano de a pie, trabajador como el que más, pide a gritos una cesta de productos básicos más barata, un empleo digno, una sanidad competente, una educación competitiva, unos servicios sociales adecuados, el acceso a una vivienda digna, una mayor justicia y seguridad, una mayor oferta cultural, deportiva y de ocio?
En la actualidad, el sector público parece más desbordado que nunca principalmente por la caída en la recaudación y la mala gestión económico-financiera en años de bonanza. Por tanto, la crisis económica ha acentuado las debilidades del sistema que es incapaz de abordar los retos que demanda la sociedad en momentos de crisis: mantener los servicios públicos esenciales, no subir impuestos y compensar la caída de la inversión privada y el empleo.
¿Cómo solucionar esta situación límite? Se puede subir impuestos, aumentar el endeudamiento o bien acometer una reforma sin parangón del gasto público. Descartando la subida de impuestos (que agravaría la caída del consumo) o el aumento sin límite del endeudamiento (no olvidemos que tenemos que devolver los préstamos más los intereses que pagarán nuestros nietos con mayores impuestos), solo nos queda reformar el sector público por la vía del gasto ? y esto son palabras mayores.
En este sentido plateo cinco caballos de batalla: (1) redistribución de competencias, eliminación de duplicidades, solapamientos e incluso eliminación de unidades de gasto que se repiten o que carecen de competencias y no están vinculadas con servicios públicos esenciales; (2) simplificación administrativa, uso de nuevas tecnologías, sustitución de controles previos por controles posteriores (o permanentes), y eliminación de burocracia y trabas administrativas que suponen un sobrecoste para el emprendedor; (3) mejorar la productividad y eficiencia en el gasto mediante la introducción de gestores y profesionales sin categoría de funcionario, incentivos por el cumplimiento de objetivos, una mayor valoración del mérito y el esfuerzo, o una mayor flexibilidad de horarios; (4) eliminar todas aquellas subvenciones y exenciones fiscales que se demuestren que son ineficaces o que supongan una traba a la inversión directa; y la (5) utilización de formas de colaboración con el sector privado para acometer inversiones productivas estratégicas de tal manera que el coste de reparta entre el sector público y el privado.
En el ámbito de Canarias se hace necesaria además una reorganización de las instalaciones, edificios, y servicios, de tal manera que se evite concentrar toda la administración central en las islas capitalinas y que a la vez se eliminen las duplicidades entre las dos capitales de provincia. Créanme, sin este tipo de reformas estaremos avocados a una crisis del sector público (y de la deuda) que sucederá a la crisis del sistema financiero internacional.