Es de sobra sabida la penuria de plazas de aparcamientos en todas las zonas de Arrecife, y eso que se han abierto varios edificios destinados a este uso e incluso un gran aparcamiento subterráneo bajo el Parque Islas canarias, pero ...
Es de sobra sabida la penuria de plazas de aparcamientos en todas las zonas de Arrecife, y eso que se han abierto varios edificios destinados a este uso e incluso un gran aparcamiento subterráneo bajo el Parque Islas canarias, pero está visto que todo lo hecho es poco, el crecimiento del parque móvil capitalino unido a la inversión diaria de vehículos de diferentes lugares del resto de la Isla, hacen que diariamente los usuarios arrecifeños tengan que soportar las acreditadas carencias existentes y tengan que buscarse la vida eligiendo los lugares más próximos desde donde puedan acceder dando un paseo a sus lugares diarios de trabajo.
Lo que hoy vamos a exponer no se refiere a esa zona azul que estuvo vigente los últimos años -actualmente de facto ya no lo está- y que ha demostrado suficientemente su incapacidad para resolver el problema. Está visto que la solución pasa por seguir creando grandes zonas de aparcamiento, subterránea o no, a ser posible con tarifas módicas para que tengan acceso a ellas los trabajadores y empleados cuyo nivel adquisitivo, en muchos casos, no permite un desembolso periódico de cierto alcance.
Pero lo que hoy vamos a exponer es la necesidad urgente de que el Ayuntamiento adopte medidas para reglamentar todos esos solares que, de una forma u otra, están siendo utilizados por los ciudadanos a diario, bien sea en solares particulares acreditados o bien sea en otros lugares, como la explanada de Naos junto a Ginory, o en la vieja Rocar, donde algunas personas se encargan de ordenar el aparcamiento a cambio de una propina voluntaria. Recibimos numerosas quejas de los usuarios arrecifeños por la forma en que están siendo atendidos ambos tipos de aparcamientos, de una parte los solares particulares y de la otra los públicos "regidos" por esos "voluntarios" de todos conocidos.
En el primer caso se echa de menos un orden elemental en el sentido de que se legalice la situación y las tarifas -en algunos casos arbitrarias- que se cobren tengan la contrapartida de un recibo acreditativo, lo que significaría que están legalmente ubicados y pagan lo que todo ciudadano debe contribuir al erario público. En los casos de lugares públicos, la queja se concreta en que la voluntariedad de la "propina" se ve frecuentemente coartada por la postura poco considerada de unas personas que ponen mala cara, o emplean expresiones indebidas, en un tono de exigencia que jamás se debe emplear, eso sin tener en cuenta ciertas y determinados intentos de amenaza que preferimos, de momento, pasar por alto.
Y todo esto ocurre porque el Ayuntamiento capitalino está haciendo dejación de sus obligaciones. ¡Pues ya es hora de que lo asuma debidamente!.