El alto número de vacunados y la baja incidencia de casos positivos de Covid-19 nos hace pensar que probablemente estemos llegando al final del túnel de la pandemia sanitaria y nos acerquemos a lo que conocíamos como “normalidad”.
A pesar de todas las dificultades del confinamiento, presión hospitalaria, vidas de seres queridos tristemente perdidas, ERTES, etc., tengo la sensación de que las instituciones y administraciones públicas de Lanzarote no hicieron sus deberes para preparar y prevenir la otra pandemia que empezamos a enfrentarnos en la actualidad con consecuencias
catastróficas: la crisis social.
Desde que asumí la responsabilidad como Secretario Insular de Bienestar de Nueva Canarias-Lanzarote lo he tenido bastante claro. Mi labor es sentarme a escuchar al mayor número posible de asociaciones del tercer sector, aquellas que realizan un trabajo imprescindible para los más necesitados y las cuales realizan el servicio que deberían asumir las administraciones públicas. Es curioso, porque cuando te pones en contacto con ellas se sorprenden de que tengas interés, puesto que no estamos en precampaña ni campaña electoral.
El mero hecho de solicitar una reunión, escuchar y, en la medida de lo posible, solucionar algunas demandas, hace que los colectivos sociales vean que vamos con sinceridad. La conexión con todas las asociaciones del tercer sector es abrumadora. En cierta medida es normal, mi compañera Daisy Villalba es Trabajadora Social, y yo Enfermero. Ambos sabemos y somos conscientes, al igual que las asociaciones, de lo mal que lo está pasando nuestra sociedad en estos momentos.
Por este motivo, cuando vas a una reunión con una asociación como ADISLAN (Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote), referente en Canarias y ejemplo en el cuidado de las personas con movilidad reducida en nuestra isla, y te cuentan que la intención del Cabildo Insular de Lanzarote es privatizar el servicio a sabiendas de la repercusión negativa que supondrá en la calidad de los cuidados de los usuarios, te echas las manos a la cabeza. Como dijo el Diputado Pedro Quevedo al visitar las instalaciones y reunirse con la dirección: “esta labor no la hace ninguna empresa de fuera, eso lo aseguro”.
En otra ocasión te reúnes con la Fundación Canaria FLORA ACOGE, que dan de comer diariamente a más de 50 personas con un programa de inclusión social ejemplar, pero en
cambio sus trabajadores llevan más de siete nóminas sin cobrar porque los fondos públicos no llegan. Se encuentran en tal situación, que en breve podrían cerrar sus puertas sin que ningún responsable político haga algo para evitarlo. Desde mi humilde posición como político sin responsabilidad pública he intentado que desde Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, responsabilidad de Román Rodríguez, se agilice alguna partida de urgencia para ayudar a Flora Acoge. Toda ayuda es poca en estos momentos.
La pandemia y el confinamiento han hecho mucho daño a la sociedad canaria y, especialmente, en los jóvenes adolescentes. Familias que veían reducidos sus ingresos debido a los ERTES o incluso que se quedaban sin ningún tipo de ingresos al perder sus puestos de trabajo. La sociedad en general ha sufrido el confinamiento y es ahora cuando estamos viendo las primeras consecuencias en la salud mental. Como enfermero del Servicio de Urgencias del Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote, he sido testigo del aumento en la incidencia de nuevos pacientes con brotes psiquiátricos y depresivos que necesitan o requieren ayuda psicológica, algunos de ellos derivados a partir de un problema de origen social, familiar, laboral o económico.
Con todo, ¿es consciente el Cabildo Insular de Lanzarote del escenario sociosanitario que nos podemos encontrar de aquí a dos años? Sinceramente, y visto lo visto a dia de
hoy, creo que no. Me cuesta imaginar qué están gestionando los responsables políticos insulares tanto de bienestar social como de sanidad, pero espero que tengan proyectadas
una serie de actuaciones y programas para evitar lo que sería la mayor crisis sociosanitaria sufrida en Lanzarote en décadas.
¿Por qué no se permite en unos pliegos de contratación que una asociación como ADISLAN o AFA (Asociación de Familiares de Alzheimer y otras Demencias) puedan presentarse a un concurso donde ha quedado más que demostrado que son válidas para ello?; ¿por qué se ponderan más los factores económicos que la experiencia y el trabajo con las personas más necesitadas de Lanzarote y La Graciosa?; ¿por qué no se refuerza el apoyo a las asociaciones del tercer sector facilitando los trámites de subvencionespara que puedan seguir trabajando y dando el servicio que llevan décadas realizando?; ¿por qué los ayuntamientos no refuerzan sus áreas sociales dando importancia a la salud mental con un aumento en el número de psicólogos que ejecuten programas de captación y apoyo hacia aquellos que lo necesiten?; Y, por último, ¿tendrán los dirigentes públicos de nuestra isla consciencia social(ista)?
Yone Caraballo Medina.
Secretario Insular de Bienestar de Nueva Canarias.