En el 46 cumpleaños de la Constitución Española se suscitan múltiples reflexiones acerca de su estado de salud. En ocasiones anteriores he sido más romántico y me decanto por resaltar las bonanzas de nuestra Carta Magna, sin ánimo de excluirlas, por el contrario, habida cuenta del jaque que está experimentando el modelo democrático actual en el que estamos imbuidos, importa destacar sucintamente algunos trastornos de que adolece.
Si cuando comencé mis estudios de Derecho en la Universidad me hubieran advertido de que el texto constitucional se vería en entredicho nunca lo hubiera creído. Y es que, de un tiempo a esta parte observo con preocupación la deriva que vienen adoptando las democracias liberales modernas, enfrentándose a un problema recurrente: la pérdida de confianza en las instituciones públicas.
Tiempo atrás leía una cita del pedagogo estadounidense John Dewey en la que aseveraba: el valor de todas las instituciones es su influencia educativa. Parece anecdótico, pero si repasamos los acontecimientos por los que hemos atravesado durante los últimos años podemos concluir que el objetivo de Dewey ha ido desnaturalizándose.
Pienso, entre muchos otros ejemplos, en la influencia tan severa que tienen los discursos de odio y las campañas de desinformación que difunden de manera desmesurada los “reporteros ad hoc” en la trinchera anónima de las redes sociales, permitiendo explotar las emociones hasta encender la mecha de la indignación de los ciudadanos. Nunca antes fue tan sencillo propagar la mentira como en nuestros tiempos. Cuánta responsabilidad tienen tanto los representantes políticos como aquellos creadores de contenido ad hoc.
Todas estas ideas me venían a la cabeza cuando visualizaba las imágenes de ciudadanos desplegados en los pueblos de Valencia afectados por la desagradable situación provocada por la DANA -cuyo duelo descomunal es compartido por la sociedad española y europea en su conjunto- mientras vociferaban “El pueblo salva al pueblo”, ante la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades públicas y la carencia de una coordinación de las acciones eficiente. Es posible comprender la ira y rabia que pudieron sentir los ciudadanos que lo han perdido todo, pero ¿son los responsables públicos los culpables de los efectos de la DANA? Me atrevo asegurar que, en esta ocasión, como en tantas otras, nos pasamos de frenada.
Esta afirmación por parte de la ciudadanía es cuando menos azarosa, pues desplaza y deslegitima el mandato conferido a las Administraciones Públicas por la Constitución Española en su artículo 103.1, que no es otro que servir a los intereses generales de la nación, atendiendo a los principios de eficacia, jerarquía descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Si no fuera así todo sería un caos. Es por ello por lo que en las democracias modernas todas las medidas adoptas encaminadas a dejar en manos del pueblo la resolución de las adversidades, por excepcional que parezca, a lo único que lleva es a recrudecer la tremenda crisis de autoridad en la que estamos inmersos.
En este tipo de situaciones debe imperar el orden. Al haber un vacío de poder, este se ocupa por los sentimientos de la gente. Ello hace que la autoridad elegida por el pueblo sea sustituida por los desinformadores para conseguir un rédito profesional (y político) del que se ha hecho eco el Informe sobre Polarización Política en España de 2024, y que, entre las conclusiones que extrae emerge que la sociedad española se muestra partidaria de que los líderes puedan saltarse los procedimientos democráticos ante situaciones de peligro. Es tanto como decir que se prefiere a un líder fuerte frente a los políticos que ha sido elegidos legítimamente para responder a los intereses generales.
Un ejemplo clarividente de este liderazgo fuerte es el que representa Elon Musk, cuyo papel ha sido fundamental en los últimos comicios estadounidenses del pasado 5 de noviembre, que se saldó con la reelección de Donald Trump como presidente del país norteamericano durante los próximos cuatro años.
Así las cosas, una sociedad tan polarizada como la actual -siendo España el sexto país entre los citados a nivel mundial- nos lleva a deshumanizarnos y con ello contribuimos a una mayor erosión de la democracia como modelo rector de nuestra sociedad. Lo que ocurre es que hemos perdido el sentido crítico, pues la adhesión inquebrantable a una única opción ideológica carcome el libre ejercicio de una dieta cognitiva propia de las sociedades pluralistas, como emana del artículo 1.1 de la Constitución Española.
Es bien sabido que este sistema de convivencia que nos hemos propugnado molesta e incordia, pues la democracia no es únicamente acudir a las urnas, es también renunciar al ejercicio de nuestros derechos en favor de otros.
Como decía al principio, la única salida que tenemos es la educación, y en este caso, en competencia mediática, pues las nuevas generaciones nos enfrentamos por primera vez a una realidad digital que ha sido definida ya como revolucionaria en tanto que la forma en que recibimos la información ha cambiado drásticamente y esto es sumamente importante comprenderlo para descifrar los desafíos presentes y futuros a los que tendremos que hacer frente si queremos salvaguardar el modelo democrático.
Si queremos gozar de buena salud democrática no podemos desconfiar de nuestras instituciones públicas. Si queremos gozar de la paz no alimentemos la guerra. Confío en esta sociedad, plural, avanzada y comprometida. Confío en que podamos escapar del individualismo, pues la democracia está pensada para la generalidad.