Estos días nuestro maltrecho archipiélago ha recibido la visita de una Comisión de expertos de laOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a fin de realizar undiagnóstico de nuestra ...
Estos días nuestro maltrecho archipiélago ha recibido la visita de una Comisión de expertos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a fin de realizar un
diagnóstico de nuestra situación educativa y, en consecuencia, proponer medidas para mejorar los
negativos resultados escolares que padecemos. Todo ello, a instancias del Gobierno de Canarias y
con un coste para las arcas públicas desconocido hasta la fecha. Los expertos del organismo
internacional responsable del prestigioso Informe PISA, dentro de este "trabajo de campo" previo,
han mantenido una ronda de contactos y reuniones con diversos agentes sociales y educativos del
archipiélago, siguiendo una agenda previamente diseñada por la propia Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias.
Hasta aquí y sin entrar a valorar la mayor o menor conveniencia de invertir dinero público en nuevos
diagnósticos sobre la situación y necesidades del Sistema educativo canario, podríamos considerar
como razonable lo acontecido. Podríamos incluso llegar a pensar que, el Gobierno de Canarias,
preso del desasosiego ante los malos índices escolares, busca responsablemente ?acudiendo a
organismos de reconocido prestigio- fórmulas que coadyuven a avanzar en tan capital asunto.
Podríamos incluso especular, en una alarde de ingenua condescendencia y pese a conocer la
escasa importancia que el Gobierno de Canarias ha otorgado a la multitud de informes y
diagnósticos previos existentes, que nuestros presentes (y al parecer futuros) mandatarios
educativos están dispuestos a escuchar las recomendaciones de los expertos de la OCDE y apostar
decididamente por introducir mejoras que conduzcan a una elevación de nuestra situación educativa.
Podríamos incluso inferir, rozando ya la utópica ensoñación, que nuestro Gobierno autonómico va a
tener en consideración las propuestas de mejora expresadas en la Iniciativa Legislativa Popular por
una Ley Canaria de Educación, presentada ante el Parlamento de Canarias con el aval de más de
35.000 firmas y pendiente de debate en dicha institución. Y, finalmente, como consecuencia de todo
ello, podríamos concluir, plenos de dicha y gozo, que el Gobierno de Canarias está dispuesto a
abandonar su política de feroces recortes presupuestarios en el ámbito educativo (más de 180
millones de euros en dos años) para, desde el consenso y el diálogo con todos los sectores de la
Comunidad Educativa, situar la educación como un eje prioritario en su gestión de gobierno,
comenzando por incrementar paulatinamente la inversión hasta niveles equiparables a los de los
países de la OCDE.
Sin embargo, todas nuestras elucubraciones más esperanzadoras se disipan cuando, estupefactos,
observamos como en la ronda de contactos diseñada por los mandamases de la Consejería de
Educación para la mencionada Comisión de Expertos -y que incluyó una reunión con representantes
de diferentes fuerzas sindicales del sector educativo-, se excluye expresamente al STECIntersindical
Canaria. Ello, pese a ser la organización sindical más representativa del ámbito
educativo en Canarias y, por si fuera poco, también del estado español, a través de la Confederación
de STEs-i.
Del incrédulo asombro pasamos al rechazo más enérgico cuando, por fin, nos enteramos ?a través
de la prensa- del motivo oficial de este inconcebible "destierro": el STEC-Intersindical Canaria no es
invitado a la reunión por no haber firmado el "Pacto por la Economía y el Empleo" que el Gobierno de
Canarias propuso el pasado mes de abril y al que sí se adhirieron la patronal empresarial y las
organizaciones sindicales participantes en el encuentro con los expertos de la OCDE. ¡Acabáramos!
Ciertamente, y esto quizás es lo único comprensible en toda esta historia, el STEC-Intersindical se
negó a rubricar dicho Pacto por considerar que su contenido apunta hacia la profundización de la
actual política de recortes en los Servicios y el empleo público. De todas formas, poco importa lo
peregrino y absurdo de la excusa, la realidad es que hubiera valido cualquier otra ante la
incontestable evidencia: el Gobierno de Canarias ha apañado una hoja de ruta para la Comisión de
Expertos de la OCDE donde ?aparte de visitar sólo unos pocos centros educativos estratégicamente
escogidos- se intenta por todos los medios evitar que entren en contacto con representantes del
STEC-IC ?al igual que con otros sectores "críticos"- no vayan a llevarse una "mala impresión" de
nuestra situación educativa y de la gestión del propio Gobierno autonómico al respecto.
Esta increíble opereta, caso de ser aceptada ?como parece acontecer- por la referida Comisión de
expertos, pondría en entredicho la independencia y objetividad de su diagnóstico y por extensión, de
las medidas de mejora que pudieran proponer. Todo indica, más bien, que estamos ante una nueva
"operación de maquillaje" del Gobierno de Canarias y su Consejería de Educación que, a golpe de
talonario, pretenden encargar un informe "a medida" con el claro objeto de justificar su negligente
gestión y su política de desmantelamiento del Servicio Público Educativo.
Los expertos de la OCDE (a los que no podemos dejar de imaginar custodiados por fornidos agentes
de la Policía Autonómica para evitar que se les acerque ningún "indeseable" del STEC-Intersindical
Canaria), tienen la oportunidad de salvaguardar la independencia y credibilidad de su trabajo,
rechazando de plano estas artimañas propias de repúblicas bananeras y exigiendo al Gobierno de
Canarias total libertad para reunirse con quien consideren oportuno. Claro, siempre y cuando la
apretada agenda de "eventos culturales" con que el Gobierno de Canarias les obsequia para
complementar las reuniones de trabajo, se los permita. De momento y con pocas esperanzas de que
ello ocurra, Dña. Milagros castiga nuestra crítica cabezonería dejándonos sin cena, o mejor dicho,
en este caso, sin "PISA". Chascarrillo fácil para una sombría realidad.
* Fernando Pellicer Melo es miembro del Secretariado Nacional del STEC-Intersindical Canaria