Las movilizaciones celebradas este 20 de abril en las ocho islas y en muchas ciudades europeas bajo los lemas ‘Canarias se agota’ y ‘Canarias tiene un límite’ son la respuesta de las mujeres y hombres del archipiélago al modelo desarrollista que ha implantado la derecha de CC-PP durante décadas. Sus gobiernos han colocado los intereses del empresariado depredador por delante de cualquier posibilidad de un futuro sostenible, por delante de derechos fundamentales como el del acceso a una vivienda y, sobre todo, por delante de lo que espera una ciudadanía preocupada por la tierra y el futuro que deja en herencia a su descendencia.
Hace ahora un año, advertía desde la Presidencia del Cabildo de Lanzarote que la isla había desbordado con creces su capacidad de carga. El Consejo de Gobierno insular iniciaba entonces los trámites para la calificación de Lanzarote como zona turística saturada, tras publicar un informe riguroso del que se desprendía la urgencia de reorientar el modelo. Once meses después, el pacto insular de Gobierno CC-PP no ha dado ni un solo paso para avanzar en este sentido, sino todo lo contrario. Se ha seguido con la concesión de licencias turísticas y desde la presidencia se niega la saturación, en plena sintonía con el discurso de las patronales.
Decir que las movilizaciones van en la línea de las políticas del Gobierno CC-PP no es solo cinismo: es de cobardes, es no tener vergüenza y es, ni más ni menos, tomar a la ciudadanía por tonta. Siempre lo hacen. Lo hicieron en 2002 en Tenerife con las torretas del pinar de Vilaflor; lo hicieron en Fuerteventura y Lanzarote en las marchas de 2012 y 2014 contra las prospecciones petrolíferas… y vuelven a hacerlo hoy, tras constatarse el éxito indiscutible de unas movilizaciones en las ocho islas cuyo sentido han pretendido distorsionar.
Días antes de un 20A que ya se sabía que pasaría a formar parte de la historia de Canarias, quisieron confundir sobre el verdadero el mensaje que la ciudadanía deseaba trasladar al mundo, haciendo un “llamamiento a la prudencia” -bonito eufemismo- y, con ello, a la desmovilización. ¿Conclusión? Sencillo: el pueblo mejor callado, pues más importantes que los intereses de la ciudadanía de nuestra tierra son, para ellos, los intereses de quienes vienen a invertir primando la cantidad sobre la calidad o mediante proyectos desproporcionados y absolutamente contrarios a un crecimiento armónico y equilibrado.
Nada de esto es nuevo. Es cierto que el problema se agrava a medida que avanza el tiempo, pero debemos ir bastante más atrás, lamentablemente. Hace décadas que muchas voces vienen avisando de lo que nos llegaría ni no cambiábamos el rumbo de un modelo que hacía saltar cada vez más alarmas.
Aquí en Lanzarote hemos vivido una experiencia un tanto diferente a la del resto de territorios insulares de nuestro archipiélago. La presencia de César Manrique y el respeto de ciudadanía e instituciones hacia su figura sirvieron para poner cierto orden, control, equilibro y belleza en una época en la que el binomio turismo de masas-construcción ya era un monstruo que comenzaba a devorar islas como Tenerife, Gran Canaria o Fuerteventura. Sí es compartido, no obstante, que ya en los 90 se hablase de un crecimiento turístico desordenado en estas tres islas, realidad que ya empezaba a generar un desequilibrio económico. Advertían de que las consecuencias ya no serían solo paisajísticas o medioambientales con el transcurso del tiempo, sino también sociales y culturales. Hoy lo estamos viendo.
Expresiones como “desmadre en el crecimiento turístico” o “necesidad de cambios estructurales” no son inventos de hoy. Todo este conjunto de planteamientos tiene casi medio siglo y se fue reforzando con un amplio, profundo, preocupado y reflexivo análisis, insisto, a principios de los años 90, lo que llevó a proponer como solución la redacción de una ley de saturación turística que paralizase el crecimiento disparatado que se estaba viviendo en determinados lugares de Canarias. En ese texto que se planteaba, se abogaba por marcar excepciones por islas o zonas y, como aspecto especialmente importante, regulando un cambio del uso de suelo urbano calificado como turístico a residencial.
En ese entonces, ya se intentaba blindar el derecho a la vivienda de la ciudadanía canaria. En la propuesta se defendía asimismo, la articulación de ayudas a la edificación residencial en antiguas zonas turísticas, pero si los gobiernos sucesivos de CC-PP no hubiesen obviado esas primeras señales de auxilio, tal vez hoy no estaríamos tratando de buscar respuestas desesperadas a dramas como el del acceso a una vivienda mínimamente digna en nuestras islas.
Mientras sigamos creyendo que alcanzar cifras récord en llegadas de turistas a cualquier precio es un triunfo del sistema, no existirá voluntad política real de darle la vuelta a un modelo que empobrece a trabajadoras y trabajadores en cuyos salarios no se refleja ese supuesto éxito.
Con la imagen de las manifestaciones en la retina por mucho tiempo, no queda otra que mirar al futuro teniendo muy en cuenta el golpe sobre la mesa que la ciudadanía de Canarias ha dado este 20 de abril de 2024.