Entre 2008 y 2022, los gastos asociados a vivienda y suministros en las islas aumentaron un 29,8%, mientras la renta disponible lo hizo en un 18,5%. Este diferencial de 11 puntos fue el doble que la media española.
Y sigue ampliándose. Solo en en el último año, el coste para comprar una vivienda en Lanzarote ha subido un 13,2% de media, mientras los alquileres, por ejemplo en Arrecife, son un 17,4% más caros que hace un año.
Ésta situación no sería tan grave si las administraciones públicas del archipiélago hubieran protegido más vivienda en las últimas décadas y hubieran gestionado mejor la que tienen en su haber. Esta es una de las principales conclusiones que pueden extraerse del informe ‘Vivienda versus población en Canarias, un reto pendiente’, publicado este año por el Colegio de Economistas de Las Palmas.
"Si en el archipiélago se hubiesen construido viviendas de protección en niveles del entorno de la media nacional, en la actualidad se dispondría de muchas más viviendas de protección que darían cobertura con creces a los demandantes actuales”, recoge el informe.
Solo el 4,7% (14.003 viviendas) de las casi 300.000 viviendas construidas entre 2000 y 2022 fueron de protección oficial en Canarias, frente al 12,3% de las 6,7 millones de viviendas construidas en el conjunto del país.
Si Canarias hubiera protegido el mismo porcentaje de hogares que el conjunto del país, el número de viviendas protegidas en el archipiélago habría ascendido a 36.546.
Algo que además podría haber beneficiado a promotores y constructores, ya que buena cantidad de las viviendas de promoción libre no llegaron a venderse. El stock de vivienda nueva sin vender en Canarias alcanzó en 2022 las 29.987 unidades, según recoge el informe del Colegio de Economistas.
Mas de 2.000 familias de Lanzarote esperan hace años la adjudicación de una vivienda protegida
En la actualidad, según el Gobierno de Canarias, hay 25.269 familias que esperan una vivienda de protección oficial. En Lanzarote son 2.102 las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida.
“A noviembre de 2023, el parque público de viviendas consta de 14.645 registradas en el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y de 6.050 en la empresa pública VISOCAN, lo que supone un total de 20.695 viviendas”, recoge el informe del Colegio de Economistas, que no ha podido incluir los municipales por falta de datos.
El informe es demoledor con la labor de las administraciones públicas al respecto: “Aunque por parte de los poderes públicos se insiste cada vez más en la necesidad de facilitar el acceso a una vivienda a precios asequibles para personas con dificultades, estamos ante un problema que ellos mismos han ido generando a lo largo del tiempo”.
El estudio destaca la falta de “diligencia en la gestión para la promoción de vivienda pública y/o protegida y resto de ayudas a jóvenes y colectivos vulnerables, aun cuando cuentan con recursos económicos suficientes para ello”.
Estas ineficiencias, “las pagan los particulares -pequeños y medianos-, con las restricciones al precio del alquiler de sus viviendas en el mercado libre en zonas tensionadas -aún pendientes de declarar- y por una mayor protección al inquilino frente a los desahucios, lo que resulta en indefensión para los arrendadores”, abunda el estudio.
En el caso concreto de la vivienda protegida, el informe destaca que entre 2020 y 2022, a causa de la “escasa resolución de expedientes”, solo se adjudicaron 112 viviendas en el conjunto de las islas.
Desde luego, la emergencia habitacional en Canarias no parece deberse a la falta de vivienda construida. El parque de vivienda aumentó entre 2011 y 2021 por encima del crecimiento poblacional.
Se construyeron 47.755 viviendas, frente a un aumento de los habitantes cifrado en 46.175, que en términos porcentuales supone un aumento del 4,6% y 2,2%, respectivamente, si bien es cierto que en el caso de Lanzarote el aumento poblacional ascendió al 8,7%.