La presidenta la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, Doris Borrego lleva un año de vértigo tratando de contener un proyecto de ley, que, en su forma actual, supondrá la “prohibición de la vivienda vacacional” que genera 2.700 millones de euros y más de 50.000 empleos directos.
En una entrevista con Ekonomus, Borrego explica que el último texto del Anteproyecto es aún más restrictivo, ya que incluye una “declaración responsable de consolidación con una página y media de requisitos, que son imposibles. Eso no es una declaración responsable, es una licencia”.
Borrego invita a todos los lanzaroteños propietarios o trabajadores de vivienda vacacional a acudir este lunes 7 de octubre a las 18.00 a la Cámara de Comercio de Lanzarote a una reunión informativa abierta y gratuita sobre este asunto.
¿Alguien se imagina una nueva ley de hoteles donde haya un texto impuesto que no se negocie y no se consensué con la patronal hotelera?
Borrego lamenta que la consejería de Turismo no ha consensuado la ley: es un texto impuesto, nadie comulga con él, ni la FECAM, ni la FECAI, ni el Consejo Económico y Social, ni el Colegio de Economistas, ni la la Asociación y Federación de inmobiliarios, ni la Federación de constructores”…”
Por eso, “hemos pedido meter este anteproyecto en un cajón y hacer una moratoria de un año y consensuar un texto entre todas las partes”, explica.
Pero la consejera de Turismo y Vivienda, Jessica de León, rechazó la moratoria y las solicitudes de vivienda vacacional crecieron más que nunca. En los ocho meses desde que se anunció el proyecto el registro de vivienda vacacional aumentó de 40.000 a 60.000 inmuebles. “El problema lo ha generado la propia Consejería que ha provocado un efecto llamada”, concreta Borrego.
La presidenta de ASCAV destaca que el Anteproyecto “prohíbe comercializar la vivienda durante tres años si al aportar la nueva declaración responsable falta alguna documentación”, y se pregunta cómo van a subsistir las personas a las que se les quite el derecho de comercializar sus viviendas durante tres años, ya que, según explica, la ley "no contempla el derecho de enmienda".
Borrego no comprende cómo se puede sacar una ley sin consensuar con la patronal y lanza una pregunta: ¿Alguien se imagina una nueva ley de hoteles donde haya un texto impuesto que no se negocie y no se consensúe con la patronal hotelera?
“Venderán las casas a extranjeros que las comercializarán en negro desde sus países”
La presidenta de ASCAV alerta de que la larga lista de requisitos hará que muchos pequeños propietarios “vendan las casas a extranjeros que las comercializarán desde sus países”.
“Pasará lo mismo que en el 2013, escaparán a la fiscalización española. Tendrán aquí una vecina que entrega la llave, una persona que hace la limpieza y seguirán viniendo, pero mal llamados amigos o familiares, y cobrarán en negro”.
“No entendemos nada, nadie entiende nada, yo creo que ni el propio Partido Popular entiende nada”. A este respecto Borrego señala que el PP de Cataluña denunció ante el Tribunal Constitucional la Ley de vivienda vacacional de Cataluña “con la que, la Consejería de Turismo de Canarias, que ostenta el Partido Popular,hizo un copia pega en la norma nuestra”.
"La mayoría de viviendas vacacionales de Lanzarote no son susceptibles de ser alquiladas a personas trabajadoras"
Borrego tampoco entiende cómo es posible que “si Lanzarote es una isla saturada turísticamente se acaben de inaugurar dos hoteles y se hayan anunciado tres más cuando no hay vivienda para las personas que viven y trabajan hoy en Lanzarote”.
¿Qué va a pasar cuando se empiezan a construir los nuevos hoteles y necesiten personal que no hay en la isla de Lanzarote y que tiene que venir de fuera?, se pregunta.
Borrego destaca que "si las viviendas vacacionales de Lanzarote se prohíben, no irán al mercado residencial porque la mayoría son villas o adosados que no son susceptibles de ser alquiladas a personas trabajadoras por 400 o 500 euros".
La presidenta de ASCAV reconoce cierta flexibilización en algunos aspectos el último texto de la ley, aunque menor en comparación con la larga lista de requisitos de la nueva “licencia”.
Por ejemplo, el mínimo de metros cuadrados pasa de ser 44 metros para dos personas a 25 metros, siempre y cuando haya zonas comunes. También han retirado la obligatoriedad de tener un cargador para coches eléctricos.
"Hay más de 20.000 viviendas vacías en el archipiélago porque los propietarios temen que los inquilinos no les paguen"
La presidenta de ASCAV lamenta la falta de vivienda protegida en el archipiélago en los últimos años y destaca lo mucho que tardarán ahora que las administraciones han decidido volver a construirla.
“El gobierno de Canarias necesita tres años, y los ayuntamientos, ni siquiera están poniendo suelo a disposición. La empresa privada, al menos tres años para la licencia municipal, con lo que nos vamos a 5 o 6 años”.
Borrego destaca que hay más de 20.000 viviendas vacías en el archipiélago porque los propietarios temen que los inquilinos no les paguen. “Lo único que están pidiendo los propietarios es que el Gobierno de Canarias garantice los alquileres a precios de mercado y no tenemos que esperar tres años a que se edifiquen nuevas viviendas”.