El Gobierno de Canarias tiene previsto aprobar este mes un decreto de medidas urgentes en materia de vivienda con el que pretende "multiplicar" la "insuficiente" oferta de vivienda pública prevista en el vigente plan canario de vivienda y además disponer de ellas con más rapidez.
El consejero de Obras públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno que con el decreto se persigue actuar en tres vías: agilizar la cesión de suelos para vivienda protegida, actualizar el módulo básico que perciben los promotores privados y utilizar las viviendas que permanecen inacabadas desde la crisis de 2008.
Rodríguez explicó que el Gobierno ha tomado esta decisión ante el grave problema que existe en Canarias de acceso a la vivienda y explicó que un aspecto clave del decreto es agilizar los trámites para la construcción de vivienda protegida.
Al respecto destacó que se agilizarán los trámites para que los ayuntamientos pongan a disposición del Gobierno suelo para la construcción de vivienda protegida, de manera que no tengan que pasar doce meses desde que se aprueba en el pleno municipal la cesión del suelo hasta que el ejecutivo puede disponer del mismo.
Además, se va a tratar de dar salida a las aproximadamente 1.400 viviendas inacabadas desde la crisis inmobiliaria y bancaria de 2008, la mayoría en manos de la Sareb y de fondos privados.
"Son cientos de viviendas sin terminar que afean de manera clara nuestro entorno, pero que además pueden ser una respuesta mucho más rápida a la demanda de vivienda", puesto que muchas ya figuran en el planeamiento y podrían finalizarse con una simple actualización de licencia.
Rentable para el sector privado
Otra de las herramientas que plantea el Gobierno para agilizar la construcción de viviendas es actualizar el módulo básico por metro cuadrado que se paga a la iniciativa privada, que además será mayor en la islas no capitalinas.
Rodríguez no concretó las cifras pero señaló que el módulo no se actualiza desde 2003, cuando estaba a unos 1.400 euros por metro cuadrado aproximadamente, mientras que en 2023 se calcula en 1.800 euros, lo cual permitirá que sea rentable construir vivienda de protección oficial por parte del sector privado.
"Lo que se busca agilizar la construcción de vivienda pública, utilizar todas las viviendas inacabadas y facilitar la participación del sector privado", resumió el consejero.
Para Rodríguez, son propuestas "ambiciosas, sin precedentes en muchos casos", que ampliarán la oferta, ya que la previsión de 2.000 viviendas del plan canario de vivienda vigente es "absolutamente insuficiente", puesto que solo en el registro del Gobierno hay 25.000 demandantes.
Con este decreto lo que buscamos es "multiplicar de manera considerable los resultados", dijo el consejero.
El Gobierno calcula que los resultados de las medidas que son de aplicación directa y no requieren acuerdos de otras instituciones ni desarrollo reglamentario empezarán a verse en los primeros doce meses desde la aprobación del decreto.
El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, agregó que junto a este decreto, el problema de la vivienda se va a abordar también mediante la regulación de la vivienda vacacional que está desarrollando el departamento de Turismo.