La Asociación de Alquiler Vacacional de Canarias (ASCAV) denuncia que el Proyecto de Ley sobre viviendas vacacionales llega al Parlamento de Canarias sin haber tenido en cuenta que “el 67% de las más de 5.000 alegaciones presentadas eran contrarias a la nueva Ley”.
Así la presidenta de ASCAV, Doris Borrego, se mostró sorprendida de la Consejería de Turismo destaque que el texto ha variado para “salvar todos los reparos” del Consejo Consultivo y respetar las modificaciones solicitadas por la FECAM (Federación Canaria de Municipios) y se pregunta qué ha pasado con las reivindicaciones de la Asociación que preside.
“¿Habrá tenido (la Consejería) en cuenta también las reivindicaciones de ASCAV o sigue aliada con la patronal hotelera y la fulminación de la oferta vacacional?, se cuestiona.
“La Consejería de Turismo sigue en su línea de dar la espalda al único colectivo que representa al sector en el Archipiélago”, denuncia ASCAV, que no ha sido “notificada con el texto definitivo que se presenta a debate en el Parlamento”.
La Asociación explica que lo ha tenido que solicitar a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias.
"Tumbar la democratización del turismo"
“Darle la espalda a ASCAV, significa ignorar a miles de familias canarias que se dedican al alquiler vacacional, así como a muchas empresas locales nacidas al calor de la actividad y también significa tumbar la democratización del turismo”, afirmó Borrego.
“Ceder ante la patronal hotelera y el clamor de ‘menos oferta y más precio’ no es otra cosa que expulsar de una actividad a la sociedad, porque elimina gran parte de las viviendas vacacionales para que puedan subir los precios”, continúa la presidenta de ASCAV.
La Asociación de Alquiler Vacacional no tiene dudas de que “el precio de una Ley que no ampare a las viviendas vacacionales tendrá efectos devastadores sobre la totalidad de la sociedad canaria”.
ASCAV denuncia que a causa de esta Ley, “viajará quien pueda pagarlo y sin duda, no será gran parte de la sociedad canaria. La economía que genera la vivienda vacacional y que asciende a más de 1.700 millones de euros se verá resentida”.
“Miles de familias canarias cuyo único ingreso procede de la actividad de vivienda vacacional se verán abocadas a la venta de sus viviendas a extranjeros y miles de puestos de trabajo directos e indirectos se perderán”, adelantan.