La Asociación Canaria de Alquiler turístico (Ascav) muestra su “más profundo y frontal rechazo” al anteproyecto de Ley para regular el Uso Turístico de la Vivienda que considera “una Ley de exterminio de la vivienda vacacional en el archipiélago”.
“Con este anteproyecto, las viviendas vacacionales (VV) quedan heridas de muerte, y solo es cuestión de poner la fecha definitiva de su erradicación, que será paulatina pero inexorable” agregan desde Ascav.
Tras analizar el texto, la Asociación considera que “el presente Anteproyecto de Ley es un refrito de las medidas más limitativas que se han dictado en España y resto de la UE sobre vivienda vacacional”.
“El objetivo lo ha dejado claro el Gobierno de Canarias, prohibir las nuevas VV en Canarias desde ya e ir eliminando las que ya están ejerciendo la actividad legalmente”, explican.
ASCAV considera que se trata de una “auténtica moratoria a la vivienda vacacional en Canarias”, ya que una vez entre en vigor, no admitirá más altas a no ser que los planeamientos municipales lo autorice.
“En la actualidad, prácticamente ninguno de los 88 municipios de Canarias tiene su planeamiento adaptado para prever las VV, por lo que quedarán automáticamente prohibidas”, argumenta ASCAV.
“Erradicación paulatina de las existentes”
Ascav afirma además que el anteproyecto de ley prevé “la erradicación paulatina de las viviendas vacacionales existentes, que en la actualidad ejercen la actividad legalmente en Canarias, que han presentado su declaración responsable y pagan sus impuestos en el archipiélago”.
La Asociación argumenta que el régimen transitorio que contempla para las VV que ejercen legalmente su actividad "es de imposible cumplimiento".
Otorga un plazo de 5 años para que se adapten a las exigencias técnicas. Estas se refieren a la instalación de aparatos de aire acondicionado y calefacción, calificación energética mínima C o B, agua caliente mediante placas solares o similar, toma de corriente para recarga de vehículos eléctricos, acceso rodado y pavimentado a las viviendas y otros factores y de lo contrario, quedarán excluidas.
Pasado ese plazo tienen otros 5 años para adaptarse íntegramente a todos los requisitos que exige la norma y aquí, añade la Ascav, es donde se le dará "la puntilla" a las que consigan sobrevivir, pues no se permitirán viviendas vacacionales en edificios plurifamiliares, asentamientos agrícolas, unifamiliares adosadas, en situación de fuera de ordenación e imposibilidad de dedicar nuevas construcciones a este fin.
“Un proyecto anticonstitucional”
Para la asociación, el anteproyecto es "flagrantemente inconstitucional" porque invade competencias exclusivas del Estado y restringe la autonomía local de los ayuntamientos, para añadir que también lo considera contrario a la normativa de la UE y del Tribunal de Justicia europea, pues vulnera los principios de proporcionalidad, necesidad y no discriminación.
Asevera además que es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo porque impone requisitos que ya han sido declarados ilegales por el Alto Tribunal.
"Es una auténtica expropiación forzosa encubierta de nuestras propiedades porque priva prácticamente de contenido al derecho de propiedad y al derecho a la libertad de empresa, que son derechos protegidos por la Constitución Española, e instaura unas restricciones tan severas al legítimo derecho de propiedad que prácticamente lo vacía de contenido, expropiándolo de facto y depreciando el valor del inmueble", reprocha la Ascav.
Otro aspecto que critica la asociación es que en su opinión no se propone en el anteproyecto ninguna medida real de promoción de viviendas para solucionar su carencia en las islas, por lo que asegura que el Gobierno de Canarias lleva 15 años sin hacer su trabajo en materia de vivienda y "ahora pretende que los demás perdamos las nuestras" pese a que en las islas hay más de 211.000 vacías.
“50.000 empleos destruidos”
En definitiva, continúa, se trata de una ley "anti vivienda vacacional en Canarias, el más duro y restrictivo de los intentos acometidos hasta ahora por el Gobierno canario desde 2015 que va a traer unos claros efectos en los próximos años", como la destrucción de más de 50.000 empleos directos y de más de 2.700 millones de euros anuales que se generan de manera directa y que se quedan íntegramente en las islas.
Afirma que se van a vender las propiedades a inversores extranjeros que operarán con impunidad desde fuera "escapando al control del Gobierno de Canarias" sin que además se vaya a solucionar el problema de la escasez de vivienda y el encarecimiento del precio del alquiler.