La Consejería de Turismo y Empleo publicó el 9 de abril en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria de ayudas por un valor de 20 millones de euros, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, para favorecer la mejora del sector privado turístico.
Los fondos servirán para que los alojamientos realicen obras con el propósito de impulsar la eficiencia energética, la gestión de residuos o la accesibilidad. Estos son precisamente asuntos clave entre los requisitos adicionales que se pedirán a las viviendas vacacionales según se desprende del Anteproyecto de Ley de Alquiler Turístico.
La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) denuncia que se pueden acoger todos los alojamientos turísticos de Canarias reconocidos por Ley, a excepción de las viviendas vacacionales, las cuales "han sido excluidas de manera absolutamente discriminatoria, injustificada y totalmente exenta de motivación".
ASCAV recuerda que la normativa canaria considera a las viviendas vacacionales una tipología más de alojamientos turísticos (junto a los hoteles, apartamentos, casas rurales, etc. "Sin embargo, la Consejería las excluye, en beneficio del resto de tipologías antes referidas".
ASCAV recurrirá a la Justicia si la Consejería no reconsidera su decisión
ASCAV considera su exclusión un "atropello" y plantea una serie de preguntas: ¿Cuál es el motivo de esta inquina de la Consejería de Turismo con las viviendas vacacionales? ¿A qué se debe este trato desigual y discriminatorio con una tipología legal de alojamientos turístico para beneficiar a otras? ¿Somos legales para cumplir obligaciones y pagar impuestos, pero sin ningún tipo de derechos?".
La Asociación ha presentado un recurso potestativo de reposición, a fin de que la Consejería modifique su decisión, pues se trata de "una conculcación frontal de la Ley General de Subvenciones que establece que todas ellas han de observar los principios de igualdad y no discriminación".
ASCAV advierte de que si la Consejería no modifica su decisión, "se verá obligada a acudir en legitima defensa de los derechos del sector de la vivienda vacacional a los tribunales de Justicia".