La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha mantenido diferentes "reuniones estratégicas" en Bruselas entre las que destaca un encuentro con miembros de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME de la Comisión Europea por una denuncia presentada en este organismo con motivo de las limitaciones y restricciones que la normativa turística canaria impone a los propietarios de inmuebles que desean dedicarlos al alquiler turístico en el archipiélago.
ASCAV denunció ante la Comisión Europea que, tanto la vigente norma turística como el Anteproyecto de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda, "imponen restricciones a la actividad turística que son contrarias al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y a la Directiva de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior".
En esta reunión se abordaron cuestiones "cruciales para los propietarios de viviendas vacacionales del archipiélago". Previamente, ASCAV había trasladado a la Comisión Europea abundante documentación que justifica "los flagrantes incumplimientos de la normativa turística canaria".
ASCAV tuvo la oportunidad de exponer "la difícil situación en la que se encuentran los pequeños propietarios de viviendas vacacionales a los que el Gobierno de Canarias pretende expulsar de la actividad turística".
Asimismo, la asociación se comprometió a hacer llegar a la Comisión más documentación que justifica "la situación en la que van a quedar los propietarios de las viviendas vacacionales de Canarias". Con carácter general, el sector está conformado por pequeños propietarios que llegan a representar el 89% de la oferta total de viviendas vacacionales de Canarias.
La Comisión Europea continuará con los trámites pertinentes para decidir si emplaza a la Comunidad Autónoma de Canarias (a través del Reino de España) para que efectúe cuantas alegaciones considere oportunas.
En última instancia, el proceso podría acabar con un Dictamen de Infracción a la normativa comunitaria de la que sería responsable la Comunidad Autónoma.
ASCAV recuerda que están en juego miles de puestos de trabajo y una economía que supera los 1.700 millones de euros.