El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez (PP), ha anunciado este jueves su propósito de "defender a los docentes" de las islas que podrían quedarse sin consolidar plaza al término de este proceso, pese a que hacerles fijos era su principal objetivo, debido a que enseñantes foráneos les aventajan en el baremo provisional del concurso de méritos recientemente dado a conocer.
El baremo "claramente, ha perjudicado los intereses de los maestros y profesores de Canarias en el proceso de estabilización, pero mucho, mucho", ha afirmado Suárez, que ha responsabilizado de lo ocurrido al Ministerio de Educación y al presidente del Gobierno canario la pasada legislatura, el socialista Ángel Víctor Torres.
Puesto que, según ha argumentado, el Ejecutivo de Torres "no defendió, o al menos no defendió con la suficiente convicción, las singularidades de Canarias y los intereses de sus docentes cuando podía haberse hecho, en 2021", si hubiera reclamado entonces que los criterios a establecer se adaptaran en el archipiélago a sus características específicas.
De modo que, ha agregado, posibilitó que el Ministerio de Educación "impusiera" las reglas del procedimiento sin dar opción siquiera a que las diferentes comunidades autónomas y, en especial Canarias, pudieran definir alguno de los apartados de las convocatorias de personal que, tradicionalmente y conforme a la legalidad, se consultan o se dejan directamente en mano de los gobiernos regionales.
Desde ese planteamiento, Poli Suárez ha llegado a sostener que "determinados aspectos del baremo aplicado en el concurso de méritos en curso podrían suponer incluso una invasión de las competencias de la comunidad autónoma".
Si bien ha matizado que, una vez aprobada y publicada la normativa que rige el proceso, incluso estando en descuerdo con ella, en estos momentos su obligación es acatarla, porque lo contrario supondría "incumplir una ley estatal", algo que ha subrayado que se niega a hacer.
Y por las mismas razones ha rechazado, "porque no es justo ni admisible", ha opinado, que se acuse a su actual equipo de Educación de ser el causante de que, de acuerdo al baremo aplicado, más de la mitad de las 3.874 plazas provisionalmente adjudicadas serían en estos momentos para docentes que no venían ejerciendo como interinos en Canarias.
En su lugar, ha insistido en que las críticas han de dirigirse a Ángel Víctor Torres, que, "cuando era el momento, en 2021, no quiso afear al Ministerio con las demandas de Canarias" exigiendo adaptaciones singulares de la norma para el archipiélago y, "en vez de defenderlo con todas sus fuerzas, agachó la cabeza".
De cualquier modo, el consejero popular ha planteado que las criticas que está recibiendo la Consejería ahora mismo por lo sucedido, entre ellas "ataques personales inaceptables" -ha recalcado- no deben dirigirse a él ni sus colaboradores, llegados a sus puestos "cuando ya había pasado el momento" de negociar la inclusión de matices para Canarias en la normativa, sino a Torres y su equipo y, sobre todo, al Ministerio de Educación.
Con el cual "no ha habido manera de reunirse" para hablar de este y otros asuntos problemáticos pese a haberlo solicitado varias veces, ha asegurado Suárez, que ha apostillado que, en todo caso, sigue esperando su respuesta.
Porque -ha insistido- su intención es reclamar que se reconsidere la cuestión y, para ello, planea seguir dirigiéndose al Ministerio y hasta "viajar a Bruselas" para solicitar amparo europeo a sus demandas, entre otras razones por entender que lo hecho contradice el mandato de la unión de reducir la temporalidad en el empleo público.
