El sector empresarial de Lanzarote también ha querido mostrar su rechazo al desarrollo de la acuicultura en las zonas turísticas de la isla, sumándose así a la postura expresada por el Cabildo y por los ayuntamientos afectados por la normativa impulsada por el Gobierno canario. "El riesgo que implica instalar jaulas marinas frente a los núcleos turísticos pone en peligro la actividad económica de muchas empresas y autónomos por el impacto visual y la degradación de la calidad del agua", advierte la patronal.
Además, defiende que "existen otras áreas en la isla donde puede desarrollarse esta actividad, considerada como una oportunidad para la diversificación económica, sin la necesidad de atacar una industria que funciona, el turismo".
Al respecto, recuerdan que la Federación Turística de Lanzarote, Asolan y la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa ya presentaron alegaciones a la aprobación provisional del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura en el año 2014, que fueron desestimadas por el Gobierno de Canarias, presidido entonces por Coalición Canaria, "al no considerar que existiera impacto de una actividad sobre la otra". "Hoy, siete años después, se hace evidente la incompatibilidad", añaden las asociaciones empresariales, un mes después de que el Ejecutivo aprobara la ordenación detallada para desarrollar ese Plan, que establecía una zona de interés acuícula desde La Bufona, en Arrecife, hasta la punta del Barranquillo, en Puerto del Carmen.
Trece playas afectadas
"La economía azul es, junto a la economía verde, un eje nuclear para la tan deseada diversificación económica. Sin embargo, no a cualquier precio. Instalar criaderos animales frente a las mejores playas supone un atentado al sentido común, al medioambiente y a una economía maltrecha por el Covid-19. Las zonas señaladas para esta actividad se sitúan precisamente entre La Bufona y El Barranquillo. Trece playas perjudicadas en este tramo, de las que cinco cuentan con una bandera azul que perderían en poco tiempo: Playa del Reducto, Matagorda, Pocillos, Playa Grande y La Barrilla", advierte la patronal.
Además, subraya que según el informe “Impacto de la Acuicultura en el sector turístico de Tenerife”, la acuicultura "se nos ha presentado como una industria limpia, pero en sus jaulas se producen vertidos de productos residuales propios de una explotación animal intensiva".
"La presencia de microorganismos, en ocasiones patógenos tales como bacterias y parásitos, pueden provocar infecciones dañinas para los propios animales y cuanto les rodea", añade, reclamando que "su desarrollo se realice en otras zonas menos sensibles y de forma controlada", en "espacios ya existentes que han demostrado ser adecuados para esta labor".
Por todo ello, el sector empresarial ha presentado un recurso potestativo de reposición a la orden de 11 de febrero de 2021 publicada en el BOC del 1 de marzo para que se reconsidere la decisión que declara la ZIA LZ-2 dentro del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC).