El Ejecutivo de Canarias ha pedido al Gobierno central que estudie la posibilidad de aplicar en las islas excepciones parciales en la norma que obliga a los transportistas el uso del tacógrafo.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transportes ha anunciado un paro indefinido de los transportistas canarios a partir del lunes, 27 de febrero.
El portavoz del Gobierno regional, Julio Pérez, ha indicado que el Consejo de Gobierno ha apoyado las gestiones que el consejero de Transportes, Sebastián Franquis, comenzó hace cuatro meses para que se puedan realizar esas excepciones requeridas por los empresarios y por los sindicatos.
Pérez ha recordado que el tacógrafo es la "caja negra" del vehículo en la que se registran todos los datos del viaje pero ha precisado que esta norma europea también recoge excepciones en su uso obligatorio como ocurre en Baleares.
Entre los motivos que establece la norma para autorizar esas excepciones se encuentran el tipo de vehículo, la mercancía o la distancia recorrida y en el caso de las islas se establece esa excepción por tener recorridos muy limitados, ha explicado Pérez, que ha señalado que esta norma ha tenido durante años una aplicación gradual que actualmente se ha generalizado.
UGT e Intersindical Canaria, contrarios a retirar el tacógrafo
Ha especificado que la pregunta del Gobierno es si la norma permite aplicar una excepción parcial en Canarias y por ello se lo ha trasladado al Gobierno central que tiene que es quien debe autorizarla.
Mientras Julio Pérez ha asegurado que el Gobierno trasladará su posición al Parlamento en una propuesta de resolución saliente del debate sobre el Estado de la Nacionalidad que se celebra la próxima semana.
El consejero de Transportes, Sebastián Franquis, explicará mañana en rueda de prensa la propuesta del Gobierno de Canarias sobre este asunto.
Por su parte, representantes de UGT e Intersindical Canaria han manifestado este jueves en relación con el paro del transporte del próximo lunes que no puede haber un tacógrafo "a la carta" y han insistido en que quitarlo o modificar el régimen sancionador, como pretende la patronal, es dar "vía libre" a los empresarios para infringir los derechos laborales.