El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta semana el límite de gasto no financiero para 2025, que se fija en 11.604 millones de euros, un aumento de 302 millones con respecto a 2024, un 2,68% más.
De este gasto, 7.580 millones proceden del sistema de financiación autonómica, que crece un 2,7%, y el resto de la recaudación de impuestos por el bloque de financiación canario, los fondos europeos y 72 millones de euros que aporta la administración central por otros conceptos.
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, informó tras la reunión del Consejo de Gobierno que se prevé terminar 2025 con un superávit de 439 millones de euros que, en aplicación de la Ley de estabilidad presupuestaria, no podrá incorporarse al gasto corriente.
Asián hizo un llamamiento al Gobierno de España para que se flexibilice la regla de gasto, tal y como autoriza la Comisión Europea, de manera que Canarias, que no tiene problema de déficit ni deuda excesiva, pueda destinar este superávit a gasto en servicios esenciales o a disminuir los impuestos.
La consejera descartó que si no se produce esa flexibilización pueda reducirse el IGIC en Canarias, uno de los compromisos electorales.
La consejera detalló que de los fondos que recibirá Canarias del Estado en 2025 en concepto de financiación autonómica, 7.580 millones de euros en total, 6.594 corresponden a las entregas a cuenta y 986 millones por la liquidación de 2023.En total, son 202 millones de euros más que en este ejercicio, un 2,7% más.
Asián recordó que el objetivo de déficit para todo el Estado en 2025 está en el 2,5% del PIB, del cual el 2,2% se lo reserva la administración general del Estado, el 0,2% la Seguridad Social y el 0,1% las comunidades autónomas.
Dado que Canarias tendrá superávit, no le afecta ese límite, como tampoco el de deuda, inferior al máximo permitido del 13% del PIB.
Matilde Asián se pronunció además sobre el principio de acuerdo entre el Gobierno y ERC para una financiación singular para Cataluña y aseguró que se ha recibido el anuncio con consternación y sorpresa.
Parece que una de las regiones incluidas en el régimen común de financiación autonómica sale del sistema sin que las demás regiones que están sean informadas, cuando eso afecta a todos, denunció.
Además, recordó que el Gobierno de España debe garantizar la solidaridad y la redistribución del gasto entre todas las regiones, porque todos los ciudadanos tienen derecho a la misma calidad en los servicios públicos que reciben.
"A Canarias nos afecta mucho, porque los costes de financiación de los servicios públicos son más altos" al tratarse de una región insular y alejada, recordó.
