Un total de 46.018 hogares vulnerables de la provincia de Las Palmas, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, están muy pendientes de si el Gobierno decide renovar el bono social eléctrico contra la pobreza energética que vence a finales de este mes.
Hay mucho en juego. En poco más de diez días, si el Gobierno central no prorroga las ayudas, también terminará la prohibición de corte de suministros básicos como el gas o la electricidad para todos esos hogares.
Los descuentos del bono eléctrico oscilan entre el 65% y el 80%, según la categoría y el grado de vulnerabilidad. De no renovarse, las ayudas a familias vulnerables volverán a moverse entre el 25% y el 40%.
Además, el bono de justicia energética, que permite a familias trabajadoras con ingresos bajos obtener un 40% de descuento en la factua de la luz también expira el 30 de junio.
Por otro lado, el Gobierno también tiene que decidir estos días si vuelve a subir el Impuesto Especial a la Electricidad.