El Gobierno canario se propone frenar este año la distancia de 25 puntos que separa a los canarios de la media española en renta per cápita, según ha indicado el viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello.
A lo largo de los últimos quince años Canarias se ha ido alejando de la renta media por ciudadano, motivo por el que el Gobierno regional ha diseñado una estrategia para recortar esta diferencia, que incluye mejorar la financiación de la comunidad autónoma a través de los Presupuestos Generales del Estado, entre otros mecanismos, así como mediante el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
Además, se tratará de incorporar a más trabajadores en el sistema productivo canario con mejor formación y cualificación, y, por tanto, mayor retribución, lo que implica impulsar la formación profesional dual y los procesos de certificaciones en determinados tipos de empleo.
El objetivo del Gobierno canario con estas medidas es revertir la tendencia negativa que se mantiene en la renta per cápita en las islas desde 2000, y el primer reto de este año es frenar esta caída y a partir de los siguientes presupuestos autonómicos ir remontando esas diferencias.
Para ello también será favorable el hecho de que la UE haya vuelto a considerar a Canarias como Objetivo 1, ya que se volverán a facilitar ayudas para las islas.
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, ha hecho hincapié en la necesidad de defender el REF para que disponga de las garantías suficientes y siga siendo capaz de atraer inversiones al archipiélago, ha indicado a los periodistas.
Ortega ha insistido en que para ello se precisan garantías jurídicas y presupuestarias y la unidad de las instituciones y organizaciones económicas y sociales en su defensa.
La consejera regional de Hacienda, Matilde Asián, se ha referido a los principales asuntos en materia tributaria que afectan a Canarias, y entre ellas el anteproyecto de ley que transpone la directiva europea que obliga a las mayores compañías a pagar un tipo mínimo del 15% en impuestos ante las ventajas que disfrutan las islas.
