El Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado por unanimidad el Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley Canaria de Economía Circular, un documento donde destaca la conveniencia de que se añada la obligación de las administraciones de impulsar e identificar empleos relacionados con la Economía Circular e impulsar la formación necesaria para el desempeño que esta actividad genere.
Incentivar la formación con compromiso de empleabilidad para que los trabajadores puedan adaptar sus capacidades y habilidades ante los retos ambientales es otra de las propuestas del CES. El objetivo es garantizar una transición justa hacia la economía verde y la creación de puestos de trabajo de calidad y, para ello, será necesaria la revisión de todos los programas de educación y formación, apostando por la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en ese proceso.
"Canarias genera 578 kilos de residuos de media por persona y año, según datos de 2019, ocupando el tercer puesto en el ranking de comunidades que mas residuos generan, es decir mas de media tonelada de residuos al año", expone el CES.
Por tanto, desde el Consejo recomiendan que se articule "un espacio de colaboración público-privada, en el que puedan participar los agentes económicos y sociales más representativos e implicados en el impulso y desarrollo de este enfoque de aprovechamiento de los recursos y personas expertas del ámbito académico".
También sugiere que se incluya el fortalecimiento del sector agroalimentario y la promoción de la actividad empresarial relacionada con la bioeconomía de alto valor añadido para atraer empresas a Canarias. Se refiere a entidades que conviertan los recursos biológicos renovables y los residuos en bioproductos y bioenergía.
Asimismo, insiste en la importancia de fomentar compras verdes, es decir, la adquisición de productos que ayuden a conservar los recursos naturales, ahorren energía y eviten la generación de residuos.
Finalmente, en relación a la disposición transitoria primera del anteproyecto de ley, el CES considera excesivo el plazo de dos años para que las entidades locales de Canarias adapten sus ordenanzas a lo dispuesto en el anteproyecto de Ley respecto a sus competencias en materia de residuos y propone que este plazo se rebaje a un año desde la entrada en vigor de la norma.
En su conjunto, el CES comparte los objetivos que persigue con esta norma la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Ejecutivo regional, dirigidos hacia la promoción activa del reciclado de los residuos generados en Canarias, tanto por los procesos productivos como por la actividad humana. Cabe destacar que el presente dictamen fue emitido por el pleno del CES el pasado 12 de mayo, previo a la renovación del Consejo, publicada en el BOC el día 19.