La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha aprobado una resolución en la que se mejoran las retribuciones que reciben los abogados y procuradores por sus actuaciones profesionales en la asistencia jurídica gratuita.
En concreto, ha dictado nuevas instrucciones y criterios de certificación para la aplicación homogénea de los módulos y bases de compensación económica para la retribución por este servicio de los colegios de abogados y procuradores, informa en un comunicado el Gobierno de Canarias, que tiene presupuestado para este ejercicio 23 millones de euros.
La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, explica que esta resolución determina cómo se deben retribuir las resoluciones judiciales de archivo y sobreseimiento provisional o libre en procedimientos penales por los juzgados de instrucción.
A partir de ahora se hará por el concepto de “procedimiento abreviado con conformidad en instrucción”. También define el criterio por el que se deben retribuir las incompatibilidades con el letrado de guardia, que se llevará a cabo por el concepto “asistencia ordinaria”.
Igualmente, clarifica la anterior instrucción sobre la aplicación del Turno Especial de Extranjería, que incluye la asistencia en comisaría o brigada de extranjería, juzgado, centro de internamiento de extranjeros o similar, solicitud de protección internacional/asilo, así como los recursos de reforma y apelación contra la orden de internamiento, si fuese necesario, y recurso de alzada y contencioso administrativo contra la orden de expulsión.
También establece que cada profesional designado por el Colegio de Abogados atenderá como máximo a seis personas, salvo casos excepcionales que se deberán justificar debidamente.
Esta resolución tendrá plenos efectos jurídicos y será aplicada a partir de la certificación correspondiente al segundo trimestre de 2023 que presenta cada uno de los cuatro colegios de abogados del archipiélago.
