El Gobierno quiere terminar con los llamadas telefónicas de las empresas que comercializan energía y que telefonean incansablemente a particulares para que contraten nuevos servicios de luz, gas u otros suministros.
Así lo recoge la propuesta de Reglamento General de Suministro y Contratación en el que se establece "el fin de la posibilidad de que las comercializadoreas puedan realizar publicidad y contratación del suministro vía telefónica, menos en los casos en que exista una petición expresa por parte del consumidor".
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había planteado esta medida en su último informe en el que alertaba de "numerosas reclamaciones de consumidores que reciben llamadas telefónicas engañosas de diferentes comercializadoras sin consentimiento" por parte del usuario para ello.
En 2022 se promulgó la Ley General de Telecomunicaciones que ya establecía el derecho del usuario final a no recibir llamadas no deseadas con objetivos de comunicación comercial", es decir, publicidad, pero no prohibía la contratación telefónica de servicios.
En su informe, la CNMC advertía de que muchas comercializadoras de energía no son transparentes ni antes ni durante la contratación e incurren en prácticas engañosas".