Un reparto puntual y extraordinario de unos 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias a otras comunidades en un plazo de tres meses y mediante un decreto ley es la última propuesta de las islas para aliviar sus recursos saturados, una fórmula a la que el Gobierno parece ahora abierto a sumarse.
Ayer, el presidente canario, Fernando Clavijo, arrancó un calendario de actuaciones en este sentido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, según el cual antes de que acabe el mes ambos tendrán un texto consensuado acerca de la propuesta canaria, sobre la que el Ejecutivo central aún plantea algunas dudas.
Se trata de una iniciativa anunciada por Clavijo el pasado mes de diciembre ante el fracaso de las negociaciones con el PP y Junts para reformar la ley de extranjería con el fin de crear un mecanismo permanente de derivación de los niños y jóvenes que llegan a zonas con los recursos ya saturados, como Canarias o Ceuta.
Esta nueva propuesta busca una solución rápida que alivie, al menos de momento, la situación que vive Canarias -tutela actualmente a 5.812 menores- y permitiría, en tres meses, trasladar a unos 4.000 jóvenes desde Canarias y unos 400 de Ceuta, con el correspondiente traspaso de tutela entre comunidades.
Primeras reacciones de las comunidades
Los criterios para derivar a los menores a las comunidades, según la propuesta canaria, son cinco: población, media de menores acogidos por cada 100.000 habitantes en los últimos seis meses, PIB per cápita, tasa de desempleo y número de jóvenes acogidos en los últimos cinco años.
No ha trascendido a qué comunidades irían a parar en mayor medida los jóvenes según estos parámetros, pero un borrador que realizó el Gobierno durante las negociaciones para reformar la ley de extranjería indicaba que, atendiendo solo a criterios de población, la Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana serían las que más esfuerzos tendrían que hacer mientras que Cataluña, País Vasco y Navarra no deberían acoger a más jóvenes de los que ya tienen.
Ayer se sucedieron las primeras reacciones al compromiso entre el Gobierno y Canarias de cerrar un texto sobre este reparto excepcional.
El Gobierno de la Región de Murcia dijo estar "muy harto" de los acuerdos bilaterales y la imposición en este asunto y aseguró que no tiene capacidad para asumir nuevos traslados.
Castilla-La Mancha se mostró favorable a acoger a más menores migrantes, pero advirtió que necesitarán más financiación.
Y el lehendakari, Imanol Pradales, que se sumó a la propuesta canaria desde un primer momento, aseguró que este principio de acuerdo es una "buena noticia".
Siguientes pasos: informes jurídicos y sectorial con las autonomías
Desde que Canarias remitió al Gobierno su propuesta, los servicios jurídicos del Ejecutivo la han estudiado y planteado algunas dudas, como una posible invasión de competencias de las comunidades y cuál sería la fórmula legislativa adecuada: un decreto ley, una proposición de ley o un proyecto de ley.
Este nuevo principio de acuerdo no quiere decir que la distribución será inmediata.
Igual que pasó con la idea de reformar la ley de extranjería, tendrá que seguir diferentes pasos, como un análisis jurídico de la Abogacía del Estado y/o el Consejo del Estado y una puesta en común con las autonomías en una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que será convocada en las próximas semanas.
Y sobre el texto resultante, habrá que buscar, de nuevo, los apoyos políticos para refrendarlo en el Congreso de los Diputados.
El posible apoyo de Junts
Para esta nueva fórmula, Clavijo ha conseguido el apoyo del País Vasco y de Ceuta y llevó la propuesta a la Conferencia de Presidentes del pasado mes de diciembre, que acabó sin acuerdos concretos, tampoco en este sentido.
También el presidente canario ha asegurado desde el principio que Junts apoyaría este nueva fórmula a diferencia de lo que ocurre con la reforma de la ley de extranjería, porque en este segundo caso está en juego las negociaciones sobre las competencias de inmigración para Cataluña.
Sin embargo, Junts no se ha pronunciado aún acerca de si facilitaría con sus votos que esta propuesta saliera adelante en el Congreso.
El apoyo que más ha buscado siempre el Gobierno es el del PP, que gobierna en la mayoría de las comunidades, y su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, dijo ayer que opinará sobre este posible acuerdo entre Gobierno y Canarias cuando esté "plasmado en el papel".
Pero ya ha adelantado que su partido está en contra de "cualquier reparto" de menores migrantes no consensuado y que no cuente "con la dotación presupuestaria necesaria".