El Congreso ha rechazado este martes la toma en consideración de la propuesta del PSOE, Sumar y Coalición Canaria para reformar la ley de extranjería con el objetivo de establecer un reparto vinculante de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas para aliviar zonas tensionadas como Canarias.
Con 177 votos en contra, 171 a favor y 1 abstención, el intento de tramitar esta propuesta en la Cámara Baja ha fracasado al no haber contado finalmente con el apoyo del PP, que había advertido de ello si no se tenían en cuenta sus exigencias, ni de Junts.
Las negociaciones con ambas formaciones se han prolongado durante toda la jornada hasta la votación, pero finalmente no han acabado en acuerdo para comenzar a tramitar la reforma.
Durante el debate de la mañana, el PP había criticado duramente la propuesta, tachándola de "nimia" y un "chantaje" a su formación y asegurando que, después de lo escuchado en el pleno por parte de los grupos promotores de la iniciativa, era "casi como de broma" que esperaran un sí por su parte.
De hecho, su diputada, Ana Alós, ha pedido al PSOE, Sumar y Coalición Canaria que retirasen la propuesta, convocasen una Conferencia de Presidentes de forma "inmediata" y un pleno monográfico para debatir tema de inmigración: "Pónganse de verdad a negociar si tienen voluntad para ello", ha señalado.
El Gobierno y Coalición Canaria tampoco han podido atar los apoyos con lo socios de investidura debido a la negativa de JxCat, que ya había advertido por la mañana de su oposición a "seguir sobresaturando Cataluña y tensando la convivencia" de la región.
Estas eran las dos opciones que tenían los proponentes abiertas para sacar adelante la tramitación, toda vez que el no de Vox era inamovible.
Se abre ahora un nuevo escenario sobre el que el Gobierno central no ha querido pronunciarse hasta ahora, a la espera de conocer el voto final del PP.
Canarias ha defendido durante los últimos meses que se apruebe esta reforma por real decreto, lo que permitiría comenzar con los traslados de jóvenes inmediatamente, pero el Gobierno ha querido evitar esta alternativa porque después habría que convalidar este decreto en las Cortes y, si se tumba entonces, podría crear inseguridad jurídica para los menores ya afectados.
Sin embargo, el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, ha asegurado en declaraciones a los medios que si la tramitación no salía adelante en el pleno, el Gobierno lo sacaría por decreto porque ese es el "mandato" que han recibido y lo van a cumplir.
