El portavoz en las islas de la Asociación Nacional Infancia Robada, Ciro Molina, ha considerado este martes que la Iglesia en Canarias debe hacer un acto público de reparación a las víctimas de pederastia, y asumir su responsabilidad civil por estos hechos, pues la penal ha prescrito.
De esta manera se ha expresado en una comparecencia en el Parlamento regional para hablar sobre la mejora de los mecanismos de protección a la infancia el portavoz de la citada asociación, quien se ha definido como "víctima y superviviente" de abusos sexuales por parte de un cura tinerfeño en 1997, cuando Ciro Molina tenía 9 años.
Denunció estos hechos en 2004 y la única respuesta que recibió por parte de la Iglesia fue la de trasladar de parroquia al cura, que presuntamente también había abusado de niños con anterioridad en Vallehermoso (La Gomera), al tiempo que la familia de Ciro Molina sufrió "terrorismo social" en su localidad.
"Nos enfrentamos a un problema de extrema gravedad, una auténtica vergüenza y una lacra social que afecta a niños y niñas, también a adolescentes, a los que ocasiona daños en su fuero interno y a una personalidad por configurar con una destrucción devastadora que irremediablemente causa problemas psicológicos, conductuales y físicos", ha advertido Molina.
El portavoz se ha referido a las víctimas de abusos en cualquier ámbito, no solo por parte de eclesiásticos, que no han sido escuchadas ni creídas, y que han padecido la estigmatización y buscado refugio en drogas, o que han muerto sin verbalizar la monstruosidad que han sufrido ni ver reparado su sufrimiento, ni hecho justicia.
"Nadie está exento de ser pedófilo, y cualquiera puede ser víctima o agresor", ha señalado Ciro Molina, quien ha apelado a que es hora de que los victimarios sientan vergüenza por su actitud ya que su abuso de poder se basa "en la complicidad y el silencio" de los demás.
Y también el reproche social debe pasar por no dar reconocimiento a los victimarios o a los encubridores de estos hechos pues, ha lamentado Ciro Molina, pese a poner su caso en conocimiento de la justicia el obispo de Tenerife Bernardo Álvarez, jubilado recientemente, no tomó decisión alguna y siguió recibiendo reconocimientos públicos con la excusa "del protocolo".
"No, señores, no podemos seguir dando honores y distinciones a victimarios o encubridores", ha reprochado ante los parlamentarios, a quienes ha dicho que de ellos se necesitan medidas que se materialicen en un proyecto autonómico de ayuda a las víctimas con la financiación adecuada.
De lo contrario su comparecencia sólo se reducirá a un "gracias por venir y una palmadita en la espalda", ha indicado Ciro Molina, para reclamar protocolos de actuación y programas de acompañamiento a la infancia para no actuar únicamente cuando el daño está hecho, sino para formar a profesionales y niños en la prevención y crear entornos seguros y redes de apoyo en familias y centros educativos.
También ha pedido un estatuto de las víctimas de violencia sexual para que puedan contar con apoyo psicológico y jurídico y que sepan a qué recursos deben dirigirse, pues la respuesta que se les ha dado no ha sido la adecuada, el sistema ha fallado "y lo triste es que se tenga que llegar hasta aquí".
A su juicio, lo importante es crear un observatorio, un ente que centralice todas las cuestiones en este ámbito porque el problema de Canarias es que tiene "siete singularidades" y esa no es la forma de abordar este asunto.
También ha propuesto que el Parlamento de Canarias organice unas jornadas divulgativas sobre estos hechos junto a las dos universidades públicas del archipiélago, y ha subrayado además que la reparación que solicitan las víctimas no es "un capricho, sino algo mandatado por Europa".
En su opinión, la Iglesia lo está haciendo "un poco mal" y debería colaborar con las instituciones públicas porque al final se está reparando a unas víctimas y a otras no, y aunque en comunidades como Navarra y País Vasco "se han puesto las pilas", la Conferencia Episcopal sigue negando los hechos y los interpreta como un ataque a la Iglesia.
Al respecto, Ciro Molina ha insistido en recordar "la cultura de silencio" que acompaña estos hechos y cómo, tras presentar la denuncia, a su madre "se le cerraron todas las puertas".
Pero lo importante, ha proseguido, es determinar qué se puede hacer para que niños y adolescentes estén protegidos o al menos que no se vean solos y al respecto "estaría guay", ha dicho, que el Parlamento de Canarias, que fue de los primeros en tratar lo relacionado con los bebés robados, fuera una institución "señera para que nuestra infancia esté protegida".