La diputada del Grupo Parlamentario Popular por Lanzarote, Astrid Pérez, ha instado al consejero de Administraciones Públicas y Justicia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, que se dote de más recursos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el fin de garantizar la eficiencia de un servicio que resulta clave en los procesos judiciales que se tramitan en nuestra comunidad autónoma. Una demanda que, ha destacado la diputada, el Partido Popular viene realizando desde hace años ante la tardanza en la formalización de informes.
Astrid Pérez ha realizado esta petición en el transcurso de su intervención plenaria en la que ha cuestionado al consejero sobre el retraso que se produjo en la realización de algunas pruebas periciales en el caso de la joven asesinada por su pareja, Romina Celeste, y cuya trágica muerte conmocionó a la sociedad lanzaroteña en diciembre 2019.
La parlamentaria autonómica ha puesto de relieve la importancia de determinar la causa del retraso de uno de los informes periciales solicitado inicialmente por el Juzgado de Instrucción al Instituto de Medicina Legal, dependiente del Gobierno de Canarias, en enero de 2020. Un año después, en julio de 2021, el juzgado remite las características de las tijeras en cuestión y no es hasta abril de 2022, cuando el Instituto Médico Forense remite al juzgado el informe definitivo. “En total, -recalcó hablamos de 28 meses- cuando el plazo legal para la provisión preventiva es de dos años más dos años de prórroga”.
“La suma de circunstancias hace que el acusado de asesinar a Romina, para el que la Fiscalía pide 20 años de cárcel, haya salido en libertad y esté a día de hoy en la calle”. “Un relato que parece de ciencia ficción pero que es tan surrealista como real, desgraciadamente”, ha relatado la diputada, quien ha asegurado que este tipo de cosas ocurren “cuando el gobierno se dedica a insultar a los jueces en lugar de sentarse para reformar y mejorar el sistema judicial”.
Astrid Pérez lamentó que durante este tiempo no se haya oído a ningún miembro del gobierno dar explicaciones ni dimitir, cuando “si el presunto asesino está en la calle es porque el propio sistema y el propio gobierno le han abierto la puerta”.