Canarias

Izquierda Unida propone construir más residencias universitarias ante la crisis habitacional

La formación política propone un plan estratégico para garantizar el acceso a viviendas asequibles para estudiantes de las islas no capitalinas, priorizando a aquellos de familias en situación de vulnerabilidad

Fachada de la ULPGC. Foto: La Provincia

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha lanzado un llamamiento urgente al Gobierno de Canarias para que actúe de inmediato ante la creciente crisis habitacional que afecta a los estudiantes universitarios o de formación profesional, particularmente aquellos que provienen de islas no capitalinas como La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, La Graciosa y Lanzarote.

La formación política propone la construcción de más residencias estudiantiles públicas en las islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, con el objetivo de aliviar la presión económica que sufren miles de jóvenes canarios que desean acceder a una educación superior.

“La situación es insostenible. No podemos permitir que nuestros jóvenes, sobre todo aquellos de familias trabajadoras y en situación de vulnerabilidad, tengan que renunciar a su futuro académico porque no pueden permitirse un alquiler en las islas capitalinas. El Gobierno de Canarias tiene la responsabilidad de garantizar que la educación superior sea accesible para todos y todas, independientemente de su lugar de residencia o situación económica”, ha declarado Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IUC.

 

Crisis habitacional y su impacto en los estudiantes

La crisis habitacional que golpea a Canarias ha impactado especialmente a la juventud, que se encuentra en una situación de extrema precariedad para poder acceder a una vivienda asequible. El mercado de alquiler ha visto un incremento de precios desproporcionado, haciendo prácticamente imposible para muchos estudiantes encontrar un lugar donde vivir. Esta situación se agrava en el caso de quienes proceden de islas no capitalinas, quienes se ven obligados a mudarse a Tenerife o Gran Canaria para continuar con su formación, enfrentándose a precios de alquiler inflados, escasez de viviendas y la ausencia de alternativas asequibles.

Para la formación, este fenómeno está profundizando las desigualdades educativas y socioeconómicas en el archipiélago. Muchas de las familias de estos estudiantes pertenecen a la clase trabajadora, lo que añade una presión económica que en muchos casos imposibilita su acceso a la educación superior. Como resultado, algunos jóvenes optan por abandonar sus estudios o asumir deudas para poder costearse un alojamiento, comprometiendo su futuro y perpetuando la brecha social.

 

Propuesta de solución: más residencias estudiantiles públicas

Frente a esta grave problemática, Izquierda Unida Canaria propone un plan estratégico para la construcción de residencias universitarias públicas en Tenerife y Gran Canaria, con una oferta de plazas asequibles y accesibles para los estudiantes de las islas no capitalinas. Estas residencias, según la formación, deberían estar orientadas especialmente a jóvenes provenientes de familias trabajadoras y en situación de vulnerabilidad, garantizando que el acceso a la educación superior no dependa del lugar de origen o de la capacidad económica.

“La construcción de residencias universitarias públicas no sólo resolvería parte del problema habitacional para los estudiantes, sino que también contribuiría a una educación más equitativa. Necesitamos garantizar que ningún estudiante canario vea truncado su futuro académico por no poder costearse una vivienda digna durante su etapa universitaria”, subraya Tamayo.

IUC señala que estas residencias deben ser diseñadas bajo criterios de sostenibilidad y bienestar social, incorporando servicios básicos como comedores, bibliotecas y espacios de estudio, así como mecanismos de apoyo psicosocial para aquellos estudiantes que lo necesiten. 

“Cada día que pasa sin que el Gobierno tome medidas es un día en el que más jóvenes ven sus sueños truncados. La educación no puede ser un privilegio solo para quienes pueden permitírsela. Es un derecho de todos y todas, y es nuestra responsabilidad garantizar que ningún joven se quede atrás por culpa de la especulación inmobiliaria”, concluyó la coordinadora de IUC.